El juez de instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, pidió a la Fiscalía General de la República que investigue si el presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de la Defensa, René Merino han incurrido en delitos penales, al ordenar los bloqueos a las inspecciones de archivos militares.

La petición que hace el juez es a solicitud de los acusadores particulares, quienes solicitaron que se investigue los delitos de:

  • Actos arbitrarios,

  • Incumplimiento de deberes,

  • Desobediencia,

  • Encubrimiento de parte de la Presidencia


El juez también dice que se investigue si se cometió el delito de sustracción de documentos de los archivos militares que se debían inspeccionar, luego que él ordenara el resguardo de los documentos y la no sustracción.

Una tercera certificación es remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una cuarta a la Sala de lo Constitucional, en razón de informar el seguimiento del cumplimiento de las sentencias:

  1. Condena de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso Masacre El Mozote versus El Salvador.

  2. Sala de lo Constitucional de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, en 2016.


Los bloqueos.

En seis ocasiones, el juez Guzmán intentó hacer inspección en:

  1. Los archivos militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el 21 de septiembre del 2020,

  2. El Estado Mayor de Fuerza Aérea, en Ilopango, el 12 de octubre;

  3. La Segunda Brigada Aérea, en San Luis Talpa, el 13 de octubre;

  4. La Brigada de Infantería “Óscar Osorio”, en San Juan Opico, el 14 de octubre;

  5. En la Tercer Brigada de Infantería de San Miguel, el 27 de octubre.

  6. El 29 de octubre en el Distrito Militar Número Cuatro, en San Francisco Gotera, Morazán.


En todos estos lugares, los militares impidieron el ingreso, alegando que no tienen autorización para dejar pasar al juez, debido a órdenes o porque, según ellos, contraviene la Constitución.

Por esos bloqueos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos corrió traslado a la Presidencia de la República, y dió hasta el 5 de noviembre para que explique los motivos que tiene para impedir las inspecciones de archivos militares. La Corte condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote, cometida en 1981.