El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, afirmó ayer que no aceptará continuar conociendo el caso de la masacre de El Mozote, en Morazán, hasta que los diputados no deroguen las reformas Ley de la Carrera Judicial, que retira a los jueces mayores de 60 años de edad.
“Yo, en lo personal, no estoy dispuesto a someterme en un régimen como ese, porque es indignante, humillante e insultante para los jueces”, sostuvo ayer el juez Guzmán ante la posibilidad de seguir en el juzgado frente a la causa de El Mozote.
El juzgador se pronunció ante las últimas declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia Oscar López Jerez, quien en el martes en conferencia manifestó que en el caso del juez de El Mozote continuará conociendo del proceso judicial.
“Hago un llamado a todos los jueces que llevamos casos difíciles o emblemáticos para la justicia del país: que no cedamos, que se nos instaure la institucionalidad del Órgano Judicial y nuestra dignidad como jueces”, reiteró.
En respuesta, Guzmán afirmó que no se puede aceptar que se les dé continuidad en los cargos, solo porque están conociendo “casos difíciles”.
“Algo por lo que debemos luchar es porque todos los jueces a quienes afecta esta reforma seamos reintegrados en nuestros derechos y en nuestra dignidad”, afirmó.
Según el juez, la condición es “que todo debe volver al estado que se encontraba antes de que se diera esas reformas a la carrera judicial”.
Yo, en lo personal, no estoy dispuesto a someterme en un régimen como ese, porque es indignante, humillante e insultante para los jueces.” Jorge Guzmán, juez del caso El Mozote
Víctimas: reformas obstaculizan.
La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote señaló que la decisión de la bancada de Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa, al aprobar reformas que obligan a retirarse a los jueces mayores de 60 años, obstaculiza su derecho a tener justicia, tras 40 años de ocurrida la masacre, debido a que el juez que conoce el caso entra en esa edad.
“Denunciamos que también a nosotros, familiares y víctimas de la masacre, se nos daña una vez más, obstaculizando nuestro derecho de tener justicia, ante la posibilidad de que con esta decisión el proceso se detenga”, sostuvo la asociación.
La Asociación reprocha al Estado que cada año, más víctimas y familiares de víctimas de la masacre mueren sin recibir justicia, en un proceso judicial que fue cerrado por el mismo Estado por 23 años, a causa de la Ley de Amnistía General.
“Imponer el retiro al juez que ha llevado la investigación por más de cinco años y conoce el caso y las pruebas, es una decisión que solo favorece a los victimarios que realizaron la masacre”, añadieron.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha informado si sancionará o vetará la reforma.