Luis de Jesús de la O Tobar, quien por seis meses se desempeñó como abogado, y en su condición ocupó la jefatura del departamento de Registro y Control Penitenciario, es procesado en el Juzgado Octavo de Instrucción por los delitos de falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión.

Según la Fiscalía, en el 2020, luego de una publicación en el periódico digital Factum, se inició una investigación que terminó con su captura, pero luego de la audiencia inicial fue puesto en libertad con medidas sustitutivas a la prisión.
Al parecer el señor de la O Tobar había presentado cierta documentación falsa, consistente en un título emitido por la Universidad Tecnológica de El Salvador, lo cual no es cierto; él presentó esa documentación en Centros Penales para obtener la plaza de jefe de Registro y Control Penitenciario y la ganó”, detalló el fiscal.

La investigación que Fiscalía realizó concluyó que la universidad nunca le había emitido el título de abogado a De la O.
Se realizó una petición a la Universidad Tecnológica de El Salvador de si había emitido el título universitario y la respuesta fue que en ningún momento fue extendido un título de abogado al imputado”, detalló el fiscal.

De la O fue contratado por la Dirección de Centros Penales para ocupar el cargo de Jefe del departamento de Registro y control penitenciario de julio de 2019 a diciembre de ese año y durante ese lapso devengó $ 8,703.23, a razón de $1,400 mensuales.

Por su parte, la defensa sostuvo que Fiscalía ha tenido un año para realizar diligencias para reunir las pruebas que demostrarían la participación delictiva del acusado, sin embargo, no las completó.
Fiscalía tenía cinco diligencias en este caso por realizar como entrevistar a las autoridades de Centros Penales, al ministro de Justicia y Seguridad y a otras personas que a criterio de la Fiscalía eran importante tomarles el criterio, así como realizar experticia al documento que dice es falso, pero al momento no se ha realizado”, afirmó el abogado Enrique González.

El defensor no se refirió si su cliente está facultado para ejercer el cargo en Centros Penales, sino verificar si Fiscalía ha reunido las pruebas para demostrar los delitos de su cliente.

De acuerdo con el Código Penal, el delito de uso y tenencia de documentos falsos son sancionados con prisión de 3 a 5 años, por el ejercicio ilegal de la profesión de 1 a 3 años y falsedad ideológica de 3 a 5 años; quiere decir que si es hallado culpable por los tres delitos, la pena mínima sería de 7 años y la máxima 12 años.

La audiencia preliminar fue suspendida porque Fiscalía solicitó más tiempo para completar algunas diligencias que todavía tiene pendiente.