Un tribunal salvadoreño escuchó este jueves a dos testigos que incriminan a militares en la masacre de El Mozote, al reanudar el juicio por el ataque que dejó más de 1.000 muertos en 1981 durante la guerra civil (1980-1992).

Luego de rechazar las peticiones de la defensa de los militares para detener el proceso, el juez de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, escuchó las declaraciones de Sofía Romero Pereira y Sonia Tobar, sobrevivientes de la masacre.

Ambas describieron las escenas de horror vividas en la localidad, que tras la acción militar quedó cubierta de cuerpos sin enterrar.

Los testimonios "son contundentes y conmovedores al grado que la defensa (de los militares) en dos casos se han abstenido de interrogarlos porque quedan silenciados por la crueldad con que actuaron los soldados", declaró a la AFP Wilfredo Medrano, abogado de la ONG Tutela Legal.

El juez tiene previsto recibir la declaración de diez testigos, siete de los cuales ya presentaron su testimonio escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 10 de diciembre de 2012 condenó al Estado salvadoreño por la matanza.

La masacre de El Mozote fue ejecutada por el batallón de contrainsurgencia Atlacatl en el departamento nororiental de Morazán, entre el 10 y 13 de diciembre de 1981.

Todas las víctimas fueron acusadas de ser colaboradores de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en 1992 con el fin de la guerra civil se transformó en partido político y está en el poder desde 2009.

- Justicia para cerrar heridas -

En la masacre murieron más de 500 niños y ha sido documentada mediante exhumaciones de centenares de osamentas, pero el sistema judicial y los gobiernos anteriores nunca la investigaron.

Además, todo clamor de justica de familiares de víctimas en los tribunales chocaba con una ley de amnistía que fue aprobada en 1993 para perdonar las atrocidades cometidas en la guerra.

Sin embargo, el 30 de setiembre de 2016, el juez Guzmán ordenó abrir una investigación al exministro de la Defensa general José Guillermo García y 17 militares por la matanza, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la Ley de Amnistía.

Tras el fin de la guerra civil, una Comisión de la Verdad creada en 1993 por la ONU responsabilizó de los hechos a varios militares, algunos de los cuales murieron durante el conflicto armado.

"Para logar una paz permanente se debe conocer la verdad y hacer justicia para cerrar las heridas que dejó la guerra", exclamó el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro.

Llegar a la "verdad de los hechos" en el caso de El Mozote sería para Montenegro "un precedente importante" para judicializar decenas de masacres ejecutadas por militares, muchos de ellos aun con vida.

Montenegro consideró que llegar a los tribunales es necesario para allanar el camino de la reparación material para familiares de las víctimas.

La guerra civil salvadoreña, que concluyó en 1992 con la firma de acuerdos de paz gobierno-guerrilla, dejó más de 75.000 muertos, más de 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.