El 20 de agosto, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador dejó en libertad bajo medidas a los acusados.
A petición de la Fiscalía General de la República, el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador autorizó ampliar hasta el 15 de julio, la fase de instrucción de la causa penal en que se procesan a los exministros de Defensa Nacional, David Munguía Payés, José Atilio Benítez y el empresario Gustavo López Davidson, vinculados a supuesta irregularidades en una permuta de armas de la Fuerza Armada con la empresa de armas Centrum.
Aparentemente, los ilícitos en este proceso se cometieron en el año 2013, cuando al parecer el Ministerio de Defensa recibió armas que no funcionaban.
La Fiscalía adujo que la prórroga de seis meses en la etapa de instrucción es porque existen pericias que aún no se han podido realizar, debido a su complejidad, además hay solicitudes de asistencia internacionales que aún están pendiente de respuestas.
En la resolución, el juez Sídney Blanco consideró que “es evidente que el plazo otorgado de cuatro meses al plazo de instrucción que finalizó el 14 de enero, no fue suficiente para completar la recolección de elementos de prueba de cargo y descargo” considerando que solo se realizaría una pericia contable financiera y entrevistas de testigos.
Sin embargo, en esta etapa se han requerido de otras diligencias por parte de la defensa y la Fiscalía como una pericia de funcionamiento y examen físico a los obuses sobre los cuales las partes han expresado tener obstáculos para acreditar peritos.
En cuanto a dos peticiones de asistencia jurídica internacional a Argentina y Estado de Israel, solo ha sido autorizada una asistencia , la segunda se encuentra en el proceso de traducción, reza la resolución del juzgador.
Munguía Payes es acusado de peculado y falsedad documental, mientras que Benítez por peculado.
En tanto a Carlos Gustavo López Davidson, a Héctor Abel Herrera y Manuel de Jesús Romero, Fiscalía los acusa de cómplices necesario en delito de peculado. A Rafael Melara Rivera se le acusa de cómplice necesario en delito de peculado y falsedad documental agravada.