Habitantes de San Rafael Obrajuelo se manifestaron en contra de la captura de su líder. / Gabriel Aquino.
El Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador se declaró incompetente para seguir conociendo el caso denominado "Monarca", en el que hay 19 procesados, entre ellos, los exalcaldes de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Montoya y de San Rafael Obrajuelo, Amilcar Aguilar, a quienes Fiscalía les atribuye delitos de corrupción que ascienden a más de $344,000.
La jueza fundamentó su decisión en la petición de los abogados defensores que el caso no reúne las características de crimen organizado sino que es de naturaleza común, por lo que el proceso fue referido a uno de los juzgados comunes de Instrucción de Zacatecoluca en La Paz.
En una audiencia que inició a las 9:00 de la mañana y terminó a las 6:00 de la tarde del viernes, sin recesos, la jueza resolvió que el proceso judicial en contra de 15 de los 16 imputados entre ellos los dos exalcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo pase a la fase de instrucción y solo en el caso del empresario José René Hernández permanezca en libertad condicional “por humanidad en vista que tiene un padecimiento grave”, explicó el fiscal del caso.
Hernández deberá pagar una fianza de $10,000, no acercarse a los otros procesados, no realizar actos que puedan interferir con la investigación y presentarse a firmar cada dos meses al juzgado de Instrucción que lleve el proceso.
Para los tres imputados ausentes que todavía no han sido capturados, la jueza programó una audiencia para el 5 de mayo, la que se realizaría con vista de la acusación fiscal luego de agotar los citatorios del caso.
La jueza rechazó la petición de la Fiscalía de imponerle “reserva total", tras considerar que no era necesario.
Fue criterio de la juzgadora quien dijo que no era necesaria la reserva porque ya la información había sido divulgada por algunos medios de prensa y no se había acreditado la justificación de la Fiscalía”, explicó el fiscal del caso.
Sobre la decisión de no seguir conociendo el caso, el fiscal dijo que “es criterio de la jueza, que estima que no se está en presencia de una organización de crimen organizado, lo cual se respeta”.
El exdiputado del FMLN, Jaime Valdéz. / Gabriel Aquino.
La acusación
En el caso hay un exdiputado por el FMLN, dos exalcaldes, regidores, empresarios y oficiales de Policía, a quienes Fiscalía los acusa de delitos de negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho activo para los particulares y peculado para los funcionarios de San Rafael Obrajuelo.
Según uno de los fiscales, el caso comienza con el exdiputado por el FMLN, Jaime Ernesto Valdés, quien realizaba negociaciones ilícitas con el concejo de Zacatecoluca mediante las cuales les ofrecía dádivas para que le aprobaran una serie de carpetas (proyectos de obras) y una serie de compras “y es así como la investigación nos llevó a individualizar a otras personas que estaban bajo la misma sintonía”.
Agregó que a esta trama se sumaron empresarios del transporte que requerían autorizaciones específicas del concejo tanto de construcción como de funcionamiento y es por eso que fueron requeridos por los delitos de cohecho activo y cohecho impropio”.
De ahí que surgieron las supuestas irregularidades en negociaciones ilícitas que consisten en facilitar a particulares licitaciones, contratos “obviamente a partir de ese beneficio, los particulares daban dádivas a miembros del concejo, en el caso de cohecho propio o actos propios ellos (regidores) ejecutaban las aprobaciones de las carpetas o algunas ventas y por eso, les entregan dádivas a ellos”.
El fiscal manifestó que las dádivas que los empresarios supuestamente entregaban al exalcalde y al concejo de Zacatecoluca rondaban entre el 5 y el 12%, “en otras fue $1 por lámina vendida que en total fueron 18 mil láminas compradas por la alcaldía de Zacatecoluca, obviamente fueron $18,000 que el concejo se embolsó", dijo el fiscal.
De igual manera la venta de láminas de $1.25 de por unidad, que significó $25,000 en dádivas para los cuatro regidores procesados este viernes”, afirmó el fiscal.
Según fiscalía, la distribución de las dádivas era en función de su rango, los alcaldes se quedaban con la mayor parte aunque el fiscal no cuantificó en montos por estar en curso la investigación.
Salvador Hirezi, hasta ayer alcalde de Zacatecoluca. / Gabriel Aquino.
San Rafael Obrajuelo
En el caso de San Rafael Obrajuelo, la Fiscalía acusa al alcalde Aguilar de San Rafael Obrajuelo, de haberse apropiados de 1,000 quintales de maíz que fueron proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como parte de emergencias solidarias suscitadas por las tormentas “Amanda”, “Cristóbal”, “Eta” y por la pandemia por covid-19.
Las investigaciones también detallan, al parecer, que de los 1,000 quintales de maíz, los imputados se apropiaron de 900, que luego fueron vendidos en $11 por quintal, lo que les generó una ganancia ilícita de $9,900.
El fiscal afirmó que esos hechos constituyen el delito de peculado o apropiación indebida de los fondos públicos y por eso el alcalde de San Rafael Obrajuelo y Luis Armando Gómez podrían ser sancionados de seis a ocho años de cárcel de ser hallado culpables.
Entre tanto, en Zacatecoluca, el alcalde Hirezi y algunos de sus regidores, dijo Fiscalía, habría cometido varios casos de negociaciones ilícitas que sumados podrían dar una pena de 16 años de prisión en una eventual condena.
Los abogados defensores que ya lograron algunos de sus objetivos, dijeron que en el transcurso del proceso de instrucción van a presentar las apelaciones del caso para obtener al menos la libertad condicional de sus defendidos.
“La pocas pruebas presentadas por Fiscalía, son insuficientes para probar la participación delictiva de mi defendido (alcalde San Rafael Obrajuelo), hubo insuficiencia en la fundamentación, lo favorable es que el caso va a ser referido a un juzgado común y lo apelaremos la próxima semana”, dijo el abogado Marlon Ortiz.
El abogado Ulises Villatoro, abogado del exdiputado Jaime Valdés, se mostró satisfecho de haber logrado que la jueza del Especializado de Instrucción se declarara incompetente para seguir conociendo el caso.
Por su parte, el abogado del alcalde de Zacatecoluca, Erick Ferrufino, afirmó que el alcalde Hirezi tiene suficientes arraigos para que el Juzgado le dé el beneficio de la libertad condicional el plazo que dure el proceso.