La gerente regional del Centro de Derecho Reproductivo, Carmen Martínez, señaló que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde condena a El Salvador por el caso Manuela, sienta un precedente para todos los países que criminalizan a las mujeres y son condenadas por emergencias obstétricas.
Es la primera sentencia a nivel interamericano que señala que las emergencias obstétricas provienen de una situación de salud que se dan por diferentes características o situaciones que parten de la salud física de las mujeres y que nunca deben ser penalizadas, nunca se debe ejercer el derecho penal para solucionar una emergencia obstétrica”. Carmen Martínez, Centro de Derecho Reproductivo.
La sentencia emitida públicamente el martes por la Corte IDH señaló al Estado salvadoreño como responsable de violar derechos fundamentales a Manuela, una jóven condena a 30 años de prisión por supuesto homicidio agravado, tras sufrir un aborto espontáneo.
Según la sentencia, las violaciones de las que fue víctima la jóven son: vulneración de los derechos a la vida, la salud, la prohibicón de tortura y tratos crueles, la libertad personal, vida privada, las protecciones y garantías judiciales, igualdad ante la ley y a la no doscriminación ni violencia de género asimismo a la integridad de sus familiares.
Más casos
Morena Herrera, abogada y representante de la Colectiva feminista para el desarrollo local, manifestó que en la actualidad, hay al menos unas 14 mujeres condenadas a 30 años y 6 casos más que están en proceso judicial: “el Estado está tratando de condenarlas y nosotras las estamos defendiendo, intentando que no llegue la condena”.
La abogada Herrera señaló que los casos de este tipo que terminan en condena tienen la característica de ser mujeres de escasos recursos económicos, en su mayoría de zonas rurales que se encuentran con obstáculos para acceder a salud reproductiva en el país.
La sentencia dicta a El Salvador ya al resto de países de la región a garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que necesite acceder a servicios de salud sexual y reproductivos sea denunciada por presunto aborto.
