En el Juzgado Noveno de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó la acusación final en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes; su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán; el empresario, Miguel Menéndez, alias "Mecafé"; el expresidente de CEL, Leopoldo Samour; José Efraín Quinteros y Mario Federico Pieragostini, representante de Astaldi, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral.

Según los fiscales, los imputados afectaron al Estado desviándose y quedándose con $45,244,418 con el aval de Mauricio Funes hubo un arreglo directo entre la empresa italiana Astaldi, que tenía a cargo la construcción de la presa, y la CEL.

El arreglo permitíría tener un beneficio económico de $3.5 millones a través de empresas "offshore", en Panamá. Estas cuentas alimentaban a la sociedad Latin America Spa S.A. de C.V.

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"Ya que aparte de recibir fondos del extranjero de cuentas desde Panamá se convirtió los bienes adquiriendo inmuebles así también incluyéndola dentro de la economía local, ya que se intentó que fuera una sociedad operativa, Latin America Spa con la instalación de un salón", explicó el fiscal Ever Baires, esta tarde.



Añadió que el dinero que la sociedad Latin America Spa se materializó en bienes inmuebles "de cuantiosa valía", ubicados en Sierra de Santa Elena y en la colonia Maquilishuat, además de remodelaciones de más de $40,000.

Los desvíos de dinero, "Mecafé" los manejaba a través de la banca electrónica, según la fiscalía. "Se requería una llamada telefónica para la transacción, Miguel Menéndez aparece en ella y sus bitácoras tienen titularidad con las empresas que él maneja en El Salvador", añadió el fiscal.

Estas cuentas también eran manejadas por Mauricio Funes a través de la banca electrónica, según la fiscalía, bajo un correo electrónico denomiando "camafu", las abreviaturas de su nombre Carlos Mauricio Funes.

La fiscalía dice que tiene testigos que indican que se comunicaban con Funes a través de ese correo con el que eran manejadas las cuentas y tienen la confirmación de Google, de la existencia de esa cuenta.

Cuando se adjudicó el proyecto se hizo bajo un contrato llave en mano fijando un precio que obligaba a la Sociedad Astaldi a no variar el monto de la obra y entregarla en mil 500 días, no se cumplió y a pesar de eso se finiquitó a dicha empresa en junio del año 2012, pero en el fondo hubo supuestamente un interés dinerario, según la investigación.

La fiscalía presentó hoy la acusación final de este proceso de investigación al vencerse el plazo de instrucción y el fiscal general de la República, Raúl Melara, explicó que han hecho 34 experticias y 15 asistencias internacionales.