El fiscal general, Raúl Melara, ayer a medio día en un hotel capitalino. / Iliana Cornejo
Al ser cuestionado por dos demandas de inconstitucionalidad por su nombramiento, el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo que será la institucionalidad quien debe funcionar.
“Yo creo que las personas tienen el derecho de abocarse, en este caso a la Corte Suprema para que interpongan los recursos convenientes, y en ese sentido la institucionalidad debe funcionar”, dijo ayer en un hotel capitalino, al ser cuestionado por las referidas demandas.
El pasado 4 de enero, el abogado de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Óscar Campos presentó un recurso de inconstitucionalidad, para que los magistrados de la Sala revisen el proceso de elección en tres criterios: irregularidades en la verificación de requisitos para el cargo, no cumplimiento con el carácter público deliberativo que debe de verificarse al momento de tomar la decisión en la Comisión Política y posibles vinculaciones materiales y formales con el poder político, que pueden poner en riesgo la independencia en el ejercicio del cargo.
También, el 11 de enero la fórmula presidencial del partido Vamos presentó una segunda demanda. Los candidatos señalaron una vinculación material con ARENA y advirtieron una posible “impunidad” en la investigación de casos donde estaría involucrado el partido tricolor.
Pidieron que Melara sea suspendido de sus funciones y realizar una nueva elección. Melara fue asesor de campaña del candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja y director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Ayer el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, dijo que ellos establecieron jurisprudencia “bastante consolidada” y que estar acompañado de un candidato públicamente “es el típico funcionario que no es idóneo”.
La Constitución de la República, en el artículo 192, establece que los requisitos para ser fiscal general de la República son los mismos que para ser magistrado de las cámaras de segunda instancia.
Sobre eso, Blanco agrega: “Yo no puedo concebir que la Corte nombre como magistrado a un partidario. No. Está eticamente prohibido. Los funcionarios judiciales no pueden tener ningún vínculo partidista”.