Soy psicóloga y trabajé durante ocho años en un bufete de abogados, periodo en que supuestamente mi entonces jefe no cesó de acosarme. Al renunciar, en represalia aparentemente, se alió a un grupo de policías quienes me fabricaron un caso de extorsión.
Cuatro días antes terminar mi trabajo en el despacho jurídico, ubicado en una residencial de Sensunapán, Fui detenida tras ser ligada a un robo cuando se dirigía a mi casa a almorzar con mi familia.
Los agentes policiales me pidieron el DUI y el celular, luego de identificar y revisarlo, lo devolvieron y me dijeron que me fuera; tomé el bus, pero una cuadra adelante, me detuvieron y me dijeron que había información por averiguar.
Algo andaba mal. Empecé a sentir miedo, me puse a llorar, pensaba que los agentes policiales eran personas que nos cuidaban; eso me enseñaron desde niña ‘si tenés un problema, recurrí a la Policía, si te perdés, buscá a la Policía’. Por mi mente nunca pasó que la Policía pudiera hacerme daño y tampoco sabía que era ilegal que ellos me pidieran el teléfono y lo revisaran sin la orden de un juez u orden de Fiscalía.
Nunca imaginé que esos movimientos eran para tomarme fotografías y hacer creer a los jueces, que era el momento de la extorsión que fingían, yo cometía.
Días antes recibí unas llamadas de un desconocido, que se dirigía a mí con otro nombre; le dije que estaba equivocado, pero las llamadas seguían. Jamás imaginé que era para hacer creer que yo intimidaba a la supuesta víctima, por teléfono.
A mi jefe le dije que renunciaba en diciembre del 2015, ese mes me había graduado de psicóloga y hacía gestiones para laborar en una institución del Estado. Le dije a mi entonces jefe que me indemnizara.
Me dijo que no me indemnizaría, que no había dinero para eso y se fue volviendo un conflicto entre mi persona y mi jefe; en enero decidí que ya no trabajaría más ahí y en febrero solo trabajaría hasta el 15, por lo que solo iba por las mañanas para dejar las cosas en orden y cobrar la quincena.
De robo a extorsión.
Al mediodía del 11 de febrero de 2016, fue la fecha en que la Policía me detuvo y me dijeron que era para confirmar la denuncia de un robo, que una persona había sido asaltada y que daba mis características.
Cerca de los policías había un hombre, que supuestamente era la víctima asaltada. Me acerqué y le dije ‘dicen que yo le robé a usted, pero no es así, veáme que no soy yo ¿En qué momento lo asalté?
El hombre me contestó que estaba confundido, después me enteré que no era ninguna víctima, sino un investigador que se hizo pasar para fabricarme el caso.
Me llevaron a la delegación de Sonsonate y me tomaron fotos con una placa que decía: “detenida por extorsión”. Me llevaron a un lugar donde estoy en condiciones inhumanas, un lugar sucio, con olor a heces, orina, calor exagerado, hacinado, con un hoyo como servicio sanitario, una pila pequeña para bañarse.
Lloraba, no comí, no tomé agua; un policía, que tenía mi teléfono, había guardado los números de donde me llamaban y que me confudían por otra persona y ya los habían agregado a mi agenda como que yo lo había hecho; ellos ya le habían puesto de nombre ‘Baby’, me acercaba el teléfono y me decía ‘¿de quién era ese número?’”.
Otro policía me decía: -¿por qué lloras, que no sos psicóloga, por qué no te podes controlar? Mi familia con quien que siempre almorzaba, supo de mi detención hasta las 5:00 de la tarde.
El calor era infernal allí, un foco de hongos y bacterias que provocan erupciones, ronchas y llagas en la piel, sin agua, y sin visita familiar, no hay hora de patio ni de sol.
Se permanece sentado o acostado sobre el puro cemento.
Cuatro días después me llevaron a audienci inicial, donde inició el proceso por extorsión con las mismas fotos que uno de los agentes me tomó, cuando me daban el DUI y el celular. Simulaban que yo recibía la extorsión que la víctima entregaba.
El juez dijo que debía quedar detenida. Regresé a la asquerosa bartolina de Sonsonate y mi abogado pidió una audiencia especial 20 días después, para que me dieran medidas. El juez accedió, pero la fiscalía apeló y una Cámara ordenó que siguiera detenida.
Pasé cuatro meses tras las rejas por un delito que no cometí. En la siguiente audiencia, el juez dijo que el caso debía ir a juicio, pero me dio libertad bajo medidas: tenía que ir a firmar cada 15 días.
Mi juicio pasó al tribunal de sentencia de Sonsonate, pero se frustró en tres ocasiones, pasó el año 2016 y el juicio se hizo hasta en julio de 2017.
No llegó el fiscal titular, y tampoco la supuesta víctima a la que había extorsionado. Tampoco llegaron los policías que me detuvieron, ni el investigador. El tribunal me dejó libre.
La fiscalía buscó apelar, pero en enero de este 2021, y cinco años después de la tortura, una Cámara confirmó mi absolución.
El calvario de la ilegalidad.
Mi tortura duró cinco años y cuatro meses. Mi familia dependía de mi y tras mi detención todo se vino abajo. Tuvieron que buscar una casa más pequeña, un solo cajón. Mi mamá y mis hermanas estaban mal, porque yo estaba en prisión. Una de mis hermanas dejó de estudiar, porque ya no había dinero.
Encima, no podía encontrar trabajo, no tenía solvencia policial y en las entrevistas me negaban los empleos, cuando decía que había estado en prisión, a pesar de haber sido absuelta.
Tenía un estrés agudo, que se convirtió en un estrés postraumático, había gente que me señalaba mal. Tenía miedo, no podía ver una patrulla policial cerca, porque temblaba, sentía que me iban a detener luego, lloraba, tenía pesadillas, fue un proceso de rehabilitación bien difícil. Poco a poco fui saliendo de eso.
Me convertí en defensora de derechos humanos y conocí cómo debían ser los procesos. Me apoyé en la Asociación Azul Originario. Ahora trabajo en grupos de familia y apoyo a personas que han pasado mi misma situación.
No descarto que mi exjefe influyó en este proceso, que no le deseo a nadie. Cuando me capturaron vi que él pasó por la zona. Mi familia lo buscó para pedirle apoyo, pero él se cambió de trabajo. Después me enteré que los policías que me capturaron no eran de Sonsonate, sino de San Salvador.