El 22 de noviembre pasado, la PNC custodió un desplazamiento forzado en Apopa, solo para que las familias sacaran sus cosas. No hubo capturas. / DEM


Según las estadísticas de Cristosal, además de las pandillas como causantes del desplazamiento forzado, este año, al menos seis casos fueron causados por agentes estatales, específicamente, la Policía Nacional Civil.

“Principalmente, son acosos de elementos policiales a un miembro de la familia”, explica Celia Medrano, directora de la organización de Derechos Humanos, Cristosal.

No es la primera vez que la corporación policial aparece mencionada como causante.

El año pasado, en el informe de la Mesa de la Sociedad Civil en contra de este fenómeno, señalaron que el 16 % de los casos que ocurrieron, fueron provocados por la PNC o por miembros de la Fuerza Armada.

“Un miembro de la policía plantea que un joven de la familia es pandillero o está relacionado con las pandillas o sabe dónde están los pandilleros y empieza a generar una situación de acoso para que le diga dónde están los pandilleros o reconozca que es pandillero y eso genera una situación donde la frencuencia de la presencia policial”, ejemplificó Medrano.

A pesar que el 50 % de las víctimas de desplazamiento forzado no denuncian, Medrano asegura que existen familias que sí han denunciado a los agentes de la policía que han provocado el desalojo de su casa.

“Hay familias que sí denuncian a la policía. El caso de la resolución de la Corte fue denunciado un miembro de la policía, por eso sufrieron represalias”, señala.

Medrano hace referencia a la resolución que la Sala de lo Constitucional emitió el pasado 6 de octubre, cuando ordenó a la PNC, Fiscalía General de la República, emitir medidas de protección a favor de dicha familia.

Según las organizaciones, hay casos donde los actores causantes son varios “y en varias ocasiones actúan de forma conjunta. Hay familias que sí denuncian a la Policía. El caso de la resolución de la Corte fue denunciado un miembro de la Policía, por eso sufrieron represalias”, dice el informe.

En 2016 señalan que el 7.3 % fueron causados por grupos de exterminio; este año, Cristosal ha atendido a dos familias por amenazas de un grupo de exterminio.