Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron al margen de la ley a más de 2,000 personas entre 2014 y 2019, de las cuales al menos 1,000 no pertenecían a ningún grupo delincuencial, según revela un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, pidió disculpas públicas este viernes por el homicidio agravado cometido contra José Mauricio Salazar, de parte de un agente de la corporación policial, que además fue encubierto por sus compañeros asegurando que don Chepe, como se le conocía cariñosamente en su comunidad, era miembro de pandillas. Este caso, sin embargo, está lejos de ser aislado.
Tomando estadísticas de la misma PNC, investigadores de Fespad revelaron que las ejecuciones extralegales siguen siendo una realidad en la policía salvadoreña de la posguerra, y solo en seis años, asesinaron a 2,000 personas, de los cuales "más de un 50 %" eran civiles.
La consultora internacional Jeanette Aguilar, experta en políticas públicas para el combate a la violencia, aseguró durante una entrevista con la radio Sonora FM, que la participación de agentes del Estado en ejecuciones extralegales, torturas y agresiones, ha originado "casi un genocidio" de parte de agentes policiales, sobre todo en comunidades estigmatizadas por la pobreza.
Lo que ocurrió entre 2014-2019 fue una política basada en el uso de medidas extraordinarias y permitir el uso de la fuerza letal que produjo, según datos de la PNC, alrededor de 1,000 víctimas civiles. Estamos hablando de verdaderas masacres, casi un genocidio de parte de agentes de la policía." Jeanette Aguilar, consultora internacional.
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Sicariato, venganzas e impunidad: los móviles
De acuerdo con Aguilar, la ejecución y torturas extralegales son una práctica recurrente en las unidades de la Policía Nacional Civil, que se organizaron clandestinamente para eliminar a pandilleros. Sin embargo, estos grupos mutaron en poco tiempo, y comenzaron a eliminar a familiares de pandillas, y luego a personas que sin vínculo directo con las maras.
Diversos casos de ejecuciones extralegales fueron dirigidos contra personas particulares, y esto ya se trató de un modus operandi que quedó instalado en miembros de la PNC, que usaban estas ejecuciones para dirimir conflictos, hechos de sicariato y por gente que les pagaba para cobrar venganzas." Jeanette Aguilar, consultora de seguridad.
Aunque en 2020 y 2021 hay una disminución de asesinatos extrajudiciales por la baja de homicidios, apuntó Aguilar, "estos grupos no fueron desarticulados y continúan operando dentro de la PNC". En 2016, indicó, empieza a haber un cambio en las estructuras de sicariato. "Enmascaran los homicidios y aparecen los casos de desaparición forzada por parte de la policía, en muchos casos denunciados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos", indicó.
Entre 2016 y 2019 fueron procesados en el sistema de justicia salvadoreño más de 10 casos de grupos de exterminio en el que se vieron involucrados 172 victimarios, de los cuales 64 eran miembros de la PNC o la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Sin embargo, solo en 3 casos los procesos concluyeron en una sentencia condenatoria hacia 14 miembros de la policía y 35 civiles, según documenta el informe.
El mantenimiento de estas estructuras ocasiona que cada vez haya menos disposición a denunciar, "perpetuando un círculo perverso de violencia e impunidad", subrayó la investigadora.