Regina María Cañas Rivera, conocida en el mundo artístico como la “tía Bubu” firmó la escritura de un inmueble localizado en el municipio de Jicalapa, La Libertad, valorado en $62,000 para el traspaso al Estado en pago como responsabilidad civil impuesto por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.

Y con esto termina el pago de la responsabilidad civil que el juzgado le impuso, además del trabajo de utilidad pública.

Caña Rivera fue condenada a tres años de prisión reemplazados por trabajo de utilidad pública y a una responsabilidad civil de $95,000, como parte de su participación en el delito de casos especiales de encubrimiento, afirmó uno de los fiscales en el proceso denominado “Saqueo Público”, donde además figura su exesposo, el expresidente Mauricio Funes y otras 30 personas más.
Había quedado pendiente ejecutar derivado de la sentencia de responsabilidad civil por daños, una donación en pago que iba dar a favor del estado de El Salvador el cual esta mañana (8 de septiembre 2021) se materializó con la firma de la escritura”, explicó el fiscal del caso.

De la totalidad de responsabilidad civil, Caña Rivera ya había pagado en efectivo $32,220, pero quedaba pendiente con $62,780.80, y se materializó hoy.
Es un trámite meramente administrativo de la inscripción en el registro correspondiente y posteriormente la entrega material que se hará a personeros de la Fiscalía y delegados del Ministerio de Hacienda”, afirmó el fiscal.

Cañas Riveras, imparte clases de “inglés y teatro” una vez por semana a los niños de la comunidad El Zonte, en el Puerto de La Libertad, como una forma de resarcir a la sociedad por los daños ocasionados, tras haber formado parte de la estructura criminal que encabezó, supuestamente el expresidente Mauricio Funes para extraer del Estado, $351 millones de dólares durante su gobierno.
Estoy con una Adesco, dando clases de inglés, manualidades, títeres, valores, y me estoy organizando con los niños mayores para ver si formamos una compañía de teatro”, manifestó Cañas en una visita al Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria que lleva el control del cumplimiento de su pena.

La artista deberá cumplir un total de 144 jornadas en tres años, una vez por semana.