Para el coordinador de seguridad y prevención de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Raúl García, lo primero que el presidente Bukele debe hacer es generar confianza y ponerse al frente del tema.
“Escuchamos que el presidente Sánchez Cerén iba a estar al frente del tema de seguridad, fue lo que él dijo, pero no le vimos realmente al frente de esto, bueno, no le vimos al frente de casi nada en general; creo que la gente necesita de alguien que le genere confianza, aunque pueda tener capacidades limitadas pero que hay alguien que está haciendose cargo del problema, para que la gente se sienta animada, aunque sea de palabra”, dice García.
Agrega que deben definirse las estrategias contra el crimen, que hasta el momento no están claras, además se debe fortalecer a la policía y depurarla si es necesario.
El criminólogo, Ricardo Sosa, señala que es imprescindible una comunicación entre las autoridades de seguridad, iniciando con las que van de salida en el periodo de transición. El experto prevé un escenario de limbo de las estrategias contra el crimen si los titulares entrantes y salientes no están al mismo tono de comunicación.
“Si no existe una estrecha comunicación entre la Fiscalía General de la República, el gabinete de seguridad y el gobierno entrante, puede generarse un espacio que el único que lo va a aprovechar es el crimen organizado”, señaló. Sosa también recomienda mantener el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y fortalecerlo; de igual forma, darle seguimiento al Plan El Salvador Seguro (PESS). “Mi recomendación ha sido que el consejo se mantenga, porque es el único organismo que se ha mantenido desde el 2015 a la fecha”, dijo.
El Plan Cuscatlán establece que revisará y retomará “lo mejor del Plan El Salvador Seguro”, especialmente Jóvenes con Todo, recuperación de espacios públicos y escuelas seguras y de tiempo pleno.
Para el defensor de derechos humanos, Benjamín Cuéllar, se debe fortalecer la Fiscalía General de la República, a pesar de la propuesta del nuevo gobierno de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (Cicies).
Pero también se deben retomar los acuerdos que se tomaron en Chapultepec, México, y que a criterio de Cuéllar, el bipartidismo no dio continuidad. “Todos los hechos atroces de la Comisión del Verdad deberían pasar a los tribunales de justicia, independientemente al sector que pertenecían sus autores para ser objetos de la actuación ejemplarizante de los tribunales a fin de aplicar, a quien resulten responsables, las sanciones contempladas por la ley”, dice Cuéllar. Agrega que otro de los desafíos que debe asumir este gobierno es el de las desapariciones forzadas. “Son tabús, se sabe que las personas desaparecen, pero no se sabe porqué, ni cuántas”, dice.
A finales del 2018, las autoridades de seguridad acordaron un plan de acción urgente respecto a los desaparecidos y establecieron que la familia no debía esperar 72 horas para denunciar la desaparición.
¿Qué dice el Plan Cuscatlán?
El plan de gobierno del presidente electo, Nayib Bukele, propone integrar el Plan de Seguridad Pública con el plan de deportes y de cultura para enfocarlos en prevención del delito. La plataforma señala la revitalización de 50 centros históricos, teatros nacionales, del parque zoológico nacional y del sitio arqueológico de Quelepa, en San Miguel, además del fortalecimiento de más de 100 casas de la cultura.
Dice que las instalaciones militares, como los destacamentos serán utilizadas para que jóvenes y niños puedan aprender a tocar un instrumento musical.
El plan también dice que buscará ampliar las funciones de seguridad de la Fuerza Armada para crear un Batallón Policial Militar Penal (BPMP) para brindar seguridad perimetral a privados de libertad, cuando hagan trabajos de reinserción.
Además, que incrementarán en un 40% el salario para policías de nivel básico y soldados que hacen trabajos de seguridad pública. A grandes rasgos, proponen la reconstrucción del tejido social, a través de estrategias, hechas con alianzas de organizaciones de la sociedad civil y la recuperación de espacios públicos; sobre esto , proponen una ley que proteja los espacios públicos que sirva para prohibir y establecer penas a quienes impidan el goce de espacios para la población.
