Fotografía de caravana de migrantes de salvadoreños que partió en enero de 2019 rumbo a Estados Unidos/Foto: Diego García.
Al menos 138 salvadoreños deportados por las autoridades de Estados Unidos desde el año 2013 han muerto asesinados, según un informe de Human Rights Watch (HR) que denuncia abusos contra quienes se ven forzados a retornar al país centroamericano.
Unos 1,2 millones de ciudadanos de El Salvador viven en Estados Unidos, de los cuales apenas una cuarta parte cuenta con un permiso permanente de residencia. HRW teme que la tasa de reconocimiento de los salvadoreños se reduzca aún más bajo el Gobierno de Donald Trump --ya fue del 18,2 por ciento entre 2014 y 2018--.
El Derecho Internacional impide la devolución de personas a países donde su vida o su seguridad puedan correr peligro, ha recordado la ONG, que tras entrevistar a 150 personas ha acusado a las autoridades estadounidenses de hacer caso omiso a estas preocupaciones. HRW también ha señalado a las pandillas, que victimizan a las personas deportadas, y a las autoridades salvadoreñas, que "prácticamente no actúan".
El estudio, que lleva por título 'Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos', identifica 138 casos de asesinatos y unas 70 víctimas de palizas, agresiones sexuales, agresiones o torturas. Entre los agresores figuran pandillas, exparejas y miembros de las fuerzas de seguridad.
Adriana J., expolicía, viajó a Estados Unidos para escapar de las amenazas de las maras, pero vio rechazada su solicitud de asilo y fue deportada en 2015. Dos años después, murió abatida a tiros por pandilleros. Su caso se asemeja al de Gabriel G., un militar deportado en 2018 y que ve ahora cómo las bandas se presentan junto a su casa para amenazarle tanto a él como a su familia.
Por su parte, los primos Walter T. y Gaspar T. escaparon a Estados Unidos siendo aún menores de edad, para evitar ser reclutados por las maras, pero a su regreso a El Salvador se encontraron con las palizas de unas fuerzas de seguridad que les acusaban de pertenecer a estas pandillas. Quedaron en libertad sin cargos tras tres días bajo custodia, según HRW, que no utiliza nombres reales en su informe.
La directora adjunta del programa sobre Estados Unidos de HRW, Alison Parker, ha lamentado que las autoridades norteamericanas han puesto en riesgo "a sabiendas" a personas que han sido devueltas "a circunstancias donde enfrentan la posibilidad de homicidio y ataques contra su seguridad".
"Hay un número estremecedor de salvadoreños que son blanco de homicidio, violación sexual y otras formas de violencia después de ser deportados, al tiempo que el Gobierno de Estados Unidos limita el acceso de estas personas al asilo y hace caso omiso de los resultados letales que provocan sus débiles políticas", ha criticado.
En este sentido, Parker ha apuntado que las personas deportadas pueden enfrentarse "a los mismos agresores y daños de los que huyeron inicialmente, incluidos funcionarios gubernamentales", por lo que ha reclamado "procedimientos de asilo plenos y justos" en lugar de "cerrar la puerta".