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Un grupo de exempleadas y exempleados de Industria Florenzi se concentró ayer frente al Centro Judicial Integrado Privado y Social, sobre la Diagonal Universitaria para protestar porque a un año de su despido, ni la justicia, ni el Ministerio de Trabajo han conseguido que los dueños de la maquila, les cancelarle $1.3 millones que adeuda en concepto de salarios y prestaciones laborales.
Una vez más nos tomamos la calle exigiendo nuestras demandas, gritando por justicia frente a este gran edificio que dice garantizar la ley y la justicia social a los más débiles”, reclamaron los manifestantes.

La textilera, situada en calle Antigua al Matazano, en Soyapango, cerró sus puertas el 1 de julio de 2020 aduciendo sus propietarios que tenía problemas de liquidez para seguir operando.
Estamos aquí para hacer el llamamiento a los juzgados que aceleren nuestro proceso porque este día tenemos un año de que fuimos despedidas y de luchar por nuestros derechos: cierre de carreteras, huelgas de hambre y de estar en los juzgados pero en vez de avanzar nuestro proceso va en retroceso”, afirmó Lucía Torres del colectivo de trabajadoras.

El caso está distribuido en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Laboral pero todo parece que va iniciando el proceso.

“Nuestro sufrido calvario no puede seguir siendo un problema más de esta sociedad, invisible a los ojos del gobierno de Nayib Bukele, de su Corte Suprema de Justicia y de su Asamblea Legislativa”, reza un fragmento de un comunicado que los manifestantes entregaron.

En total son 210 personas afectadas, 196 mujeres y 14 hombres todos jefes de hogar, que ante la falta de sus ingresos, se le ha hecho difícil llevar los alimentos a sus familias y en el plano de la salud, hay personas con padecimiento graves como cáncer que no han sido atendidas en el Seguro Social porque la empresa dejó de pagar las cuotas laborales que les descontó en planilla desde diciembre de 2019.

“El Ministerio de Trabajo no nos ha dado respuesta; el ministro Rolando Castro se comprometió a ayudarnos con la atención de la salud y a crear una mesa de diálogo entre los exempleados y los propietarios de Florenzi, pero a la fecha no hay resultados, excepto con la mitad de los afectados; por eso estamos haciendo el plantón aquí para que nos escuchen y nos digan cómo va nuestro caso”, afirmó Torres.

Los despedidos tenían varios años de laborar algunos diez, otros 15 y más de 24 años, quienes piden que los cinco jueces de lo laboral que conocen sus casos, resuelvan de forma expedita para que les cancelen sus vacaciones, indemnizaciones y aguinaldo.

Torres afirmó que tenía 24 años de laborar para Industria Florenzi y en sus cálculos, estima que la empresa le adeuda más de $15,000.

El 10 de marzo, la jueza Primero de lo Laboral llegó a la maquila para conversar con los trabajadores despedidos y valorar los bienes que podrían ser vendidos para cubrir parcialmente la deuda laboral.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) examinó el caso y expresó que ha existido "debilidad institucional" de parte de los Juzgados de lo Laboral, y de toda la institucionalidad defensora de los derechos ciudadanos, al no darle una respuesta favorable a las trabajadoras.