José Luis Merino fue acusado de traficar armas para las FARC; Medardo González fue el secretario general del FMLN hasta 2019. / Archivo DEM
El testigo criteriado clave “Salomón” conocía a los cuatro rostros que llegaron a la iglesia anglicana en San Salvador para reunirse con ellos, los pandilleros de la MS-13, el barrio 18 Revolucionarios y Sureños. Con dos se habían reunido en varias ocasiones, eran los diputados del FMLN, Arístides Valencia y Benito Lara, a los otros dos los había visto en medios de comunicación: eran José Luis Merino de pseudónimo “Ramiro” y Medardo González, ambos de la cúpula del FMLN.
“Salomón” le contó a la Fiscalía General de la República que ese día de finales del año de 2013, los máximos dirigentes del partido de izquierda hicieron ofrecimientos.
González era el secretario general del partido de Gobierno, mientras que Merino era miembro de la Comisión Política y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el FMLN.
“Que en centros penales se iba a quitar la empresa ALIPRAC como proveedora de alimentos y que con la empresa Alba Alimentos, iban a proveer los fondos para compensar a los internos que se encargarían de preparar y repartir los alimentos”, dice la acusación fiscal, presentada al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
Y no solo eso, ambos dirigentes ofrecieron crear trabajos para los reos, con dinero de Alba Alimentos, además de un programa de créditos para pandillas; todo esto a cambio de recibir el apoyo de las estructuras criminales en las elecciones presidenciales de febrero del 2014, donde el candidato a la presidencia era el profesor Salvador Sánchez Cerén.
Alba Alimentos es una subsidiaria de Alba Petróleos, empresa creada por Enepasa, a su vez, conformada con fondos de 19 alcaldías del FMLN y fondos del gobierno de Venezuela, en 2006.
En las peticiones que los pandilleros hicieron al FMLN estaban que ambos dirigentes de ese partido debían comparecer a las reuniones con ellos y que debían firmar un documento donde aceptaban “los compromisos”, dice la investigación del Ministerio Público Fiscal.
El mismo testigo dice que Lara y Valencia ofrecieron $100,000 para “impulsar” proyectos en los municipios libres de violencia, que para la fecha eran Ciudad Delgado, Santa Tecla e Ilopango, según rememora “Salomón”.
El dinero, según el testigo, era para que los pandilleros pudieran tener una fuente de ingreso para ellos y sus familias y también los apoyarían con una organización denominada Red de Pastores o IPAZ, y que funcionaría con los pastores que habían apoyado a Raúl Miijango en la tregua.