En un foro público, Ramírez explicó que los desplazamientos forzados tienen tres características: darse en medio de un conflicto armado interno, las violaciones reiteradas a los derechos humanos con participación de agentes estatales y la violencia generalizada.
“Nosotros consideramos que las condiciones que vive el país no tiene esas características, es una situación compleja y multicausal de acuerdo al estudio que realizamos en el ministerio, (la violencia) es la tercera causa de todos los casos, un 5 %; todavía la causa económica en 54 % y las familiares en un 40 %, siguen siendo las principales”, dijo Ramírez.
Ayer, Cristosal, una fundación que vela por la defensa de los derechos humanos, presentó su informe de caracterización sobre los desplazamientos forzados ocurridos solo en 2017. El informe revela que hay un incremento en la cantidad de víctimas; ellos atendieron y registraron a 701 personas que sufrieron éxodos por violencia.
Cristosal también registró un incremento en los casos que han sido provocados por los agentes del Estado: solo en 2017, el 15 % de los casos los provocó la Policía Nacional Civil.
En el foro público, Ramírez y representantes de Cristosal, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) coincidieron que lo importante es la atención de las víctimas que sufren la salida de sus lugares de origen por miedo a amenazas, que son la principal causa.
En marzo, el gobierno a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó su estudio de caracterización de movilidad interna y dijo que en 10 años, solo el 1.1 % de la población se había cambiado de lugare de residencia a causa de la violencia y dijeron que lo presentado por los medios no era “tan cierto”.
Gerardo Alegría, de la PDDH, respaldó que se debe reconocer el desplazamiento forzado “hay que conocer bien algo para saber qué respuesta que se le va a dar”, dijo en el foro público.
Alegría también señaló que el año pasado la PDDH había atendido, al menos, siete casos mensuales de víctimas de desplazamiento forzado, pero este año han incrementado a 12, y solo en el primer trimestre del 2018 documentan 38.
“El protocolo nos ha servido para identificar mejor las necesidades de protección que tienen las personas; la procuraduría al inicio del recibo de casos, estoy hablando de cuatro o seis años atrás, estaba calificando y atendiendo los casos como casos particularmente referidos a la inseguridad o afectación de un derechos específico, pero al dimensionar, revisamos los mecanismos de atención para dar una mejor respuesta a las personas”, explicó Alegría sobre una reingeniería de la PDDH para reconocer la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado en el país. Alegría dice que cuando los recursos no alcanzan recurren a la sociedad civil.