La Fiscalía General de la República negocia un posible acuerdo entre imputados y abogados defensores, con el propósito de establecer una pena de tres años para los tres procesados de organizar de forma ilícita una caravana hacia los Estados Unidos a principio de este año y que dos días después fueron capturados.

Los imputados en este proceso fueron identificados como José Eusebio Asegurado, Juan Rufino V. y Fátima del Rosario P., los tres fueron detenidos el 18 de enero de 2021.

A ellos, los acusaron de organizar una caravana que había iniciado en Honduras y que al pasar por El Salvador, se incorporarían los salvadoreños.

Para este miércoles estaba programada la audiencia preliminar en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, donde la jueza analizaría la prueba que había contra los acusados y determinaría si el caso va a juicio por el delito de tráfico ilegal de personas.

Sin embargo, la diligencia fue suspendida porque el testigo principal de Fiscalía no pudo presentarse por un supuesto contagio de covid-19, que no fue confirmado.
El testigo con clave 'Anónimos' fue encubierto y obtuvo información a través de las redes sociales sobre la promoción de las caravanas, pero como no va a comparecer por incapacidad se ha reprogramado para el 23 de noviembre, la audiencia”. Fiscal del caso.

Defensa pidió juicio abreviado


La fiscal del caso manifestó que los tres abogados defensores solicitaron por escrito un procedimiento abreviado y se ha cumplido ciertos requisitos, pero como la ley manda que los jueces escuchen al testigo principal en estos casos, para luego valorar si cabe una condena, se tendrá que realizar la diligencia hasta que 'Anónimos' esté bien de salud.

Los requisitos convenidos entre Fiscalía, defensa e imputados es una pena de tres años que sería reemplazada por trabajo de utilidad pública, que los imputados acepten los hechos y la responsabilidad civil, aunque en este caso, Fiscalía no ha solicitado ninguna suma de dinero.

En tanto, el abogado Marvin Cerén dijo que en este proceso están ante la presencia de una investigación “bastante novedosa”, porque todo inicia por medio de las redes sociales, hay una persona que se infiltra para manejar las supuestas caravanas hacia Estados Unidos y ahí son detectados.

Cerén dijo que su cliente está acusada de haber colaborado o incitado a personas a comprar boletos de un autobús para viajar a la frontera con Guatemala, y la ley ahora castiga la “promoción” supuestamente de tráfico ilícito de personas.

El abogado afirmó poco después que su defendida había quedado en libertad tras haber pagado una fianza de $2,000, y cumpliendo medidas como no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse a firmar al juzgado de forma periódicamente.