El Superintendente del Sistema Financiero (SSF), Ricardo Perdomo, respondió a Diario El Mundo y a otros periodistas, interrogantes sobre el caso de los hermanos Rivas Álvarez y su empresa Grupo Smart, durante una gira de supervisión en un proyecto de construcción.
Tiene dos años la SSF de tener registros e investigar el caso de los hermanos Rivas Álvarez. ¿Usted cree que puede ser similar al caso de Finsepro?
No, habría que estimar la magnitud. Lo que sí es importante es que la Superintendencia claramente saca y publica los listados de las empresas autorizadas para captar depósitos del público y yo creo que es parte de la educación de la población que atiendan los llamados y que verifiquen antes de depositar su dinero a cualquier empresa nacional o extranjera. El segundo mensaje es que nosotros actuamos por denuncia.
¿No hay investigación de oficio?
Sí, pero como no son entidades supervisadas por nosotros es muy difícil estar nosotros investigando a todo el país. Cuando viene la denuncia o queja, fue así como nosotros actuamos en el 2017. Recibimos una denuncia, nosotros fuimos primero a hacer una inspección (marzo 28), acto seguido, al día siguiente, se lo comunicamos a la Fiscalía y luego nosotros hicimos una publicación, un aviso, para advertir al público que no hiciera este tipo de inversiones. A la empresa se le comunicó que tenía que suspender de inmediato esas operaciones que son ilegales, que están debidamente tipificadas en la ley de bancos, en la ley de mercado de valores y en código penal. Nosotros actuamos de inmediato para alertar al público. Estos señores continuaron, nosotros le iniciamos un proceso administrativo sancionador, va el proceso.
¿Eso sí lo puede hacer la SSF (el proceso) pese a que no es una institución regulada (la empresa)?
Sí, nosotros podemos hacer una sanción administrativa pero ya después le toca a la Fiscalía realizar la investigación para tipificar la existencia o no de delitos. Nosotros le hemos hecho tres avisos a la Fiscalía, ya habrá hecho sus investigaciones y allí nosotros respetamos el trabajo de la Fiscalía. Nosotros sacamos un segundo aviso público con el objeto de que la población esté debidamente informada, alertada. A raíz de eso hemos recibido cerca de 50 quejas de personas y las estamos asesorando para que puedan ellos no perder su dinero.
Por el otro lado, ante algunos planteamientos que han hecho personeros de estas empresas que es culpa de la Superintendencia que le bloquearon las cuentas. La Superintendencia no tiene la facultad ni de bloquear, abrir o cerrarle la cuenta a nadie; esa es una decisión propia de riesgo de los bancos y/o bajo una orden de autoridad judicial, como es la Fiscalía o un juzgado, nosotros no tenemos esa facultad. Nosotros lo que hacemos es avisarle al público, tomar las medidas que nos faculta la ley, avisarle a la Fiscalía.
Este es un llamado a la población, no se dejen engañar por rentabilidades grandes, por empresas que no estén debidamente autorizadas, y de esa manera van ustedes a cuidar su dinero. Ya ahora van a ser entidades judiciales las que tendrán que intervenir en este caso para que la gente pueda recuperar su dinero.
¿Cuándo emitieron el segundo y tercer aviso?
Hicimos avisos a la Fiscalía el 29 de marzo de 2017, el 18 de mayo 2018 y el 4 de marzo ya de 2019. Como un recordatorio de todas las diferentes empresas involucradas.
¿Cuántas empresas estarían involucradas o que tienen en sospecha?
Nosotros le llamamos Grupo Smart. Salieron de ahí varias entidades que salen en el aviso de la Superintendencia. Entonces, todo eso se le comunicó a la Fiscalía.
¿Tiene la Superintendencia un estimado de cuánto se habrían estafado o afectados?
No, son quejas nada más. Lo tiene que hacer la Fiscalía. Hacer la investigación. Nosotros no investigamos los delitos.
¿Estamos hablando de un esquema piramidal?
Eso lo va a definir la Fiscalía, nosotros no conocemos la interioridad de las operaciones, no conocemos la magnitud de clientes porque son entidades que no están siendo supervisadas por nosotros. Ahora nosotros damos las alertas, iniciamos los procesos, denunciamos a la Fiscalía y en nuestros programas de educación financiera nosotros hablamos de las cautelas que el público tiene que utilizar.
¿Cuál es el hueco que aprovechan este tipo de empresas para ofertar sus servicios?
Hay un común denominador en el mundo, se llama la codicia de los seres humanos. Si a usted le ofrecen tasas de rentabilidad arriba del promedio del mercado, que se publica permanentemente, ya usted ponga cuidado. Acuérdese que hay una relación importante, la rentabilidad es directamente proporcional al riesgo. Si a usted le ofrecen una alta rentabilidad, es porque hay un alto riesgo y si ese riesgo sobrepasa los niveles de riesgo del mercado, usted tiene que entrar en una actitud muy cuidadosa y por eso hay personas que en finanzas les llamamos “amantes del riesgo”.
Creo que allí es un problema de codicia, pero también de requerir información para que se aboquen a autoridades como la SSF y nosotros con mucho gusto atendemos y le damos información a la gente para que no haga inversiones y operaciones fuera de los mercados regulados, porque una de las cosas es que cuando autorizamos una entidad para captar fondos del público reúne requisitos y además tiene supervisión.
Desde que se puso el primer aviso a la Fiscalía ya ha pasado más de dos años y la empresa siguió operando al menos hasta diciembre del año pasado. ¿Hubo inoperatividad de la Fiscalía o qué esperarían?
Yo de esa parte soy muy respetuoso. Sería que la Fiscalía haga su trabajo y lo estará haciendo, allí somos muy respetuosos. Nosotros llegamos al nivel de ponerles el aviso, tomar nuestras medidas de comunicación al público, iniciamos un proceso sancionatorio el 11 de diciembre de 2017. La sanción requiere un proceso, porque tiene que haber un debido proceso donde ellos presentan descargos, hay todo un proceso de ley, al final estamos ya por emitir una sentencia que es adonde podemos llegar hasta aplicar multas.
¿Los abogados de los hermanos Rivas se han acercado a la Superintendencia a solucionar esto de las cuentas bloqueadas?
Yo tengo entendido que a ellos se les envió notificación. El asunto es que ya no es de solucionar con la Superintendencia, es con la Fiscalía. Es un caso judicial.