Los empleados llegaron ayer a entregarse al Juzgado Segundo de Instrucción. / Jaime López
Ocho empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) se entregaron ayer en la mañana al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador tras habérseles revertido las medidas alternas a la detención provisional en el proceso judicial por el supuesto desvío de fondos de las tiendas institucionales de Centros Penales.
Los trabajadores "de pala y piocha", como se hacen llamar, afirmaron que suspendieron sus labores este miércoles en ANDA para responder a una resolución de la Cámara Tercera de lo Penal que revoca su libertad condicional en que se encontraban y ordena su recaptura.
“Nosotros somos de pala y piocha solo recibimos órdenes, los trabajos están hechos, nosotros no tenemos que ver con las ilegalidades de las instituciones”, dijo uno de los procesados mientras esperaba ser recapturado por el delito de cohecho impropio.
¿Por qué los capturan?
Un convenio firmado entre la Anda y Centros Penales llevó a los ocho trabajadores a realizar la instalación de la tubería del sistema de acueducto del Penal de Izalco, en el que se establecía que la autónoma pagaría el sueldo normal a sus trabajadores y las horas extras corrían por cuenta de Centros Penales.
Los pagos de entre $60 y $300 por tres horas extras diarias que los obreros fueron obligados a realizar para instalar en tiempo récord la tubería, ahora los tiene frente a la justicia por un delito de soborno, que según ellos, no cometieron.
Somos del departamento de Proyectos de Anda y nos mandaron al penal de Izalco a trabajar horas extras, nos han pagado lo que nos hemos ganado. Nos acusan injustamente solo por ser trabajadores y obedecer una orden que nos dieron”. Empleada de Anda acusada de soborno.
Los empleados mostraron sus manos encallecidas y maltratadas por el trabajo que a diario realizan con los rústicos instrumentos, como prueba de su labor.
Hicieron un llamado a las autoridades: “Somos inocentes, que nos dejen libres que no sean injustos, porque este país, al chucho (perro) más flaco se le pegan las pulgas”, dijo el obrero.
El martes 6 de diciembre se entregó el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde y el subcomisionado Ramón Fernando Roque, en total ya son diez de 19, los procesados, los que están de nuevo en prisión.
El 30 de noviembre, la Cámara Tercera de lo Penal anuló las medidas sustitutivas a la prisión de las que gozaba el exministro Ramírez Landaverde y otras 18 personas más y ordenó que el Juzgado Segundo de Instrucción girara las órdenes de recaptura de los exfuncionarios.
Los magistrados argumentaron en su resolución que había peligro de fuga y que podían obstaculizar la investigación que se sigue en su contra.
El exministro y otras 20 personas son acusadas de desviar $14 millones de las cuentas de las tiendas institucionales de Centros Penales, a través de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).