“Refleja una dimensión distinta al informe recientemente presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; por tanto, exigimos al Estado que reconozca el fenómeno en el marco de la normativa internacional en derechos humanos”, dicen las organizaciones.
El informe señala que al final, en 10 años, solo 431 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y que de esas la mayor cantidad de casos ocurrieron los últimos años, “paralelo al nivel de incidencia en los hechos de violencia causados por los grupos criminales del país”, dice el informe.
En 2014 y 2015, la encuesta concluye que el 15 % de esas 431 familias se movilizaron por la violencia, es decir, 64 familias cada año.
Cristosal, una fundación para los derechos humanos, señala que desde 2014 a la fecha han atendido más de 1,500 personas. El estudio sí reconoce que las víctimas pertenecen a familias grandes, donde el promedio es cuatro personas por cada grupo.
El informe también resalta las cinco causas de movilidad: las amenazas, las extorsiones, la situación de violencia, los homicidios y las lesiones.
