Unas 12 organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador entre las cuales está CRISTOSAL, la Colectiva feminista y la Fundación de Estudios para el Derecho (FESPAD) interpusieron el jueves seis peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que inste al Estado Salvadoreño a cumplirlas.

‘’Entre las peticiones se encuentra: la elaboración de un registro único nacional de personas desaparecidas de acceso público y desde un enfoque diferenciado el cual integré información de las distintas instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales que trabajan con estos casos’’, expuso Kerlin Belloso miembro de FESPAD.

Asimismo, ‘’la creación de un banco genético donde se tome en cuenta cada una de las particularidades de cada población’’, acotó Belloso.

Como segunda petición, Belloso pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) fortalezca la Unidad de Personas Desaparecidas tanto en recursos humanos como financieros, del mismo modo que la FGR y el Órgano Judicial fortalezcan la capacidad para investigar, juzgar y castigar a los responsables del delito.

En tercer lugar, solicitan coordinación entre los tres poderes del Estado, la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos y la FGR para que se creen estrategias, políticas y programas pero no solo de atención sino de prevención y erradicación de los casos de desaparecidos.

Otra de las solicitudes presentadas en voz de Belloso fue: ‘’que se someta a discusión en la Asamblea Legislativa una Ley de búsqueda de personas desaparecidas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, además que el Estado cree la Comisión Nacional de búsqueda de personas desaparecidas en la actualidad’’.

Como quinta demanda, las representantes de las ONG manifestaron que el Estado salvadoreño debe de reconocer el fenómeno de las personas desaparecidas en todas sus dimensiones y se abstenga de estigmatizar y criminalizar a las personas que buscan a sus desaparecidos.

En este sentido, Sonia Rubio, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) agregó que los familiares de las víctimas son discriminados y señalados por las autoridades al momento de interponer sus denuncias.

Como última solicitud ante la CIDH se mencionó de manera especial que El Salvador debe ratificar las convenciones internacionales vinculantes con las desapariciones forzosas.

Respuesta estatal


Representantes del Estado Salvadoreño estuvieron presentes en la audiencia, entre ellos el jefe de la Unidad Especializada para los casos de las personas desaparecidas de la Fiscalía General de la República, Ángel Serrano; Elmer Castro representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; el doctor Óscar Armando Quijano, jefe del departamento de Antropología Forense y el doctor Alfredo Romero jefe del departamento de Patología Forense, ambos del Instituto de Medicina Legal.

Elmer Castro, miembro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública respondió: ‘’existe una plática muy adelantada con la cooperación internacional para la ejecución de un proyecto de creación de perfiles genéticos de los familiares de personas desaparecidas’’.

Ante esto, la presidenta del Comité Contra las desapariciones forzosas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carmen Rosa Villa expresó que si el Estado salvadoreño ratifica la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Para Contra las Desapariciones Forzosas la ONU podría apoyo tanto al Estado como a las ONG y familiares de las víctimas mediante distintos mecanismos.

Las diligencias se presentaron por parte de unas 12 organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de su 181 periodo de sesiones.