La Fiscalía General de la República (FGR) presentó hoy el dictamen de acusación en contra del exministro de Gobernación, René Mario Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa, ante el Juzgado Tercero de Instrucción, a quienes acusa del delito de lavado de dinero y activos por más de $3,750,000.
Ese el monto que arrojó la pericia financiera contable que se desarrolló con autorización del Juzgado Tercero de Instrucción.
El monto se les atribuye a los dos, tanto al señor Figueroa como a su esposa así como de las dos sociedades en las que ambos son socios y accionistas. El periodo investigado es del 2004 al 2015”, afirmó el fiscal.
De acuerdo con la Fisclaía, solo el exministro Figueroa recibió $1,737,513.91 proveniente de la sociedad Radiodifusión de El Salvador S.A de C.V. de la cual también el expresidente Elías Antonio Saca era propietario.
El fiscal del caso afirmó que los restantes $2,019,487 que se acumula a la pareja Figueroa Alvarenga en el proceso es de origen desconocido.
“Los movimientos se realizaron a través de transferencias bancarias, depósitos en efectivo tanto en cuentas personales del señor Figueroa como de su esposa, certificados a plazo, compra de inmuebles, compras de vehículos y la utilización de dos sociedades”, explicó el fiscal.
“Se determinó que las cuentas institucionales subsidiarias del Tesoro Público en la administración del expresidente Elías Antonio Saca entre 2004-2009, tuvieron como destino cuentas personales y sociedades del ex presidente Elías Antonio Saca, entre ellas Radio Difusión El Salvador, S.A. DE C.V.”, afirmó un fiscal.
Este era el monto inicial que le acusó la fiscalía.
Las investigaciones detallan además que la señora Alvarenga de Figueroa también recibió $4,000,000 proveniente de la sociedad Radiodifusión de El Salvador S.A. DE C.V. y del expresidente Saca.
Adicionalmente la señora de Figueroa obtuvo $100,000 de la sociedad Nueva Orleans, S.A de C.V. girados de la cuenta No. 0025-10021923 a nombre de la sociedad Radio Difusión El Salvador S.A. de C.V.
Fiscalía afirmó que cuenta con abundante prueba de carácter documental, prueba testimonial y la prueba pericial, elaborada por tres expertos del Ministerio de Hacienda y uno del banco Fomento Agropecuario para sostener la acusación.
La investigación de este caso inició por certificación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que determinó un incremento patrimonial no justificado, sostuvo el fiscal.