La pericia financiera contable contra el empresario José Adán Salazar Umaña, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña y siete de sus parientes, ilustró ayer como Agroindustria Gumarsal transfería fondos a cinco sociedades en El Salvador y éstas a otras, localizadas en Panamá entre 2003 y el 4 de abril de 2017, toda una estructura con la que Fiscalía General de la República estima que lavaron más de $132 millones.

Molinos San Juan era una de esas cinco sociedades que movía millonarias sumas de dinero y aunque su actividad económica era importar materia prima como maíz y otros insumos de los Estados Unidos para procesarlo y comercializarlo, no tenía una planta de física de producción tampoco tenía bienes inmuebles y vehículos a su favor.
Era una sociedad utilizada para realizar diversas transferencias de dinero que de sus cuentas salía dinero para sus propias cuentas, pero que además, se generaba en Agroindustria Gumarsal y las relacionadas que fueron objeto de análisis en la pericia: Arrocera San Pablo, Indumasa, Graneros de Centroamérica, Gumarsal, Transporte Dany, entre otras”, explicó una de los fiscales.

La pericia estableció que esa compañía según declaraciones de renta obtuvo ingresos $21,942,525 entre 2004 y 2017; y de acuerdo con depósitos en el sistema financiero nacional, sus ingresos fueron de $27,488,582; lo que deja una diferencia de más de 5 millones, además consta que la compañía no pagó $1,462,188 al fisco en concepto de renta.

En el caso de Graneros de Centroamérica (Gradeca) al 31 de diciembre de 2003 contaba con un capital de $950,407 y en 2016, sus ingresos eran de $2,984,885; el total su patrimonio ascendía a $4,500,000.

La explicación que este incremento tiene, según uno de los cinco peritos es la simulación de utilidades o dividendos que no se pagaban a los accionistas sino que año con año se fueron capitalizando.



Un dato que llamó la atención de los investigadores fue que Gradeca no tenía propiedades ni vehículos inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad, Bienes e Hipotecas ni del Registro Público Automotor del Viceministerio de Transporte, sin embargo en los libros de contabilidad tenía a su nombre 18 vehículos entre ellos cabezales, motocicletas, remolques por un valor de $92,101.

Fiscalía afirmó que las sociedades recibían el dinero por transferencias, en cheques y efectivo para a su vez, regresarlos a Gumarsal, movimiento que se reconoce como el ciclo de lavado de dinero: que se explica que el dinero sale de las mismas cuentas de una sociedad, se estratifica en otras y después regresa adonde se originó.
Estas sociedades movieron el dinero pero todo regresa a Gumarsal, a través de las personas naturales que son objeto de este análisis porque todas terminan en Panamá, por el traslado de las acciones a las cinco sociedades instaladas en ese país agrupadas en la Fundación Cultivando Progreso, donde los beneficiarios son Wilfredo Guerra Umaña, Juan Umaña Samayoa, Romelia Guerra Argueta, Tránsito viuda de Guerra y Miriam Salazar Umaña”. Fiscal del caso.

"¿Cómo se dio esa estratificación del dinero y cómo se integró en Panamá?, eso es lo que nosotros hemos establecido que es el ciclo de lavado de lavado de dinero utilizando las sociedades para este fin", añadió el fiscal.



Las sociedades creadas paralelamente a Gumarsal surgieron con capitales mínimos y varios años después manejaban millones de dinero y sin tener planta ni equipo para la producción como los molinos, los vehículos y la maquinaria necesaria, pero tenía un ligero incremento de capital, cuestionó la fiscal.

El abogado defensor, David Morales, afirmó que la información que han mostrado los peritos no es precisa ni exacta. Citó como ejemplo el caso de Sara Paz Martínez Bojorquez, ella fue administradora de las gasolineras de José Adán Salazar y la Fiscalía le atribuye que hizo muchos depósitos desde 2004 en adelante y los peritos dicen que no saben de donde provienen esos fondos.
“Lo que sucedió es que le violentaron el derecho de defensa a nuestros defendidos, ni tributariamente se les permitió derecho de audiencia para explicar las razones del porqué los depósitos estaban en sus cuentas “, afirmó Morales.

A Sara Paz Martínez, la Fiscalía dice que tiene $5 millones en sus cuentas desde 2004 a 2016 de fuentes desconocidas, pero según la defensa no es así, ellos aseguran que provienen de pagos de las gasolineras y los hoteles de la familia Salazar.
“La señora Sara Paz Martínez no declaró esos dineros porque ya lo había hecho su esposo José Adán y eso es lo que van a explicar nuestros peritos, del porqué esos depósitos”, afirmó Morales.

Eso mismo sucedió con Susana Nohemí Salazar, hija de José Adán Salazar Umaña que eran los mismos ingresos de su padre que la Fiscalía le atribuye como suyos y por eso no los declaraban en la renta. De ahí que el sistema financiero nunca les puso reparo en las aperturas de sus cuentas, pues siempre informaron a los bancos el grado familiar que había entre ellos para realizar las diferentes transacciones.