Jueces presentaron un recurso para detener la purga judicial el pasado 23 de septiembre. Archivo
El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) denunció este martes ante la Cámara de Familia de la Sección de Oriente, el incumplimiento de la medida cautelar emitida el pasado 23 de septiembre y que suspendía el cese de jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio.
ALAC solicitó a la Cámara migueleña que reitere el cumplimiento de la medida cautelar y ordene al magistrado presidente Óscar López Jeréz y a la Corte Plena que se abstenga de desmejorar o desnaturalizar la medida cautelar.
ALAC enfatizó que como parte de la ejecución del decreto legislativo 144, también se ordenó el traslado del juez Juan Antonio Durán, de un tribunal capitalino a uno en Zacatecoluca. Durán es conocido por ser crítico de la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional el pasado 1 de mayo.
Dicho traslado y remoción son relevantes para el presente proceso en virtud de que se encuentran bajo la tutela de la orden cautelar emitida por ese Tribunal". Comunicado de ALAC-Funde.
Además, ayer ALAC pidió que la Corte Plena entregue el listado de los nombramientos de jueces y magistrados realizados el domingo y ordene a la Corte dejar sin efecto los traslados arbitrarios.
La intervención al Órgano Judicial es un acto de corrupción de acuerdo de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción porque violenta el derecho de las y los salvadoreños a una justicia sin intervenciones políticas o partidarias”. Comunicado de ALAC-Funde.
Este domingo 26 de septiembre, en incumplimiento a la medida, la Corte Suprema de Justicia juramentó a casi un centenar de nuevos jueces y magistrados de Cámara, esto después de haber apelado a la decisión de la Cámara de Familia de San Miguel, quien había ordenado suspender la purga judicial el jueves anterior.
La medida cautelar de la Cámara ocurrió luego que dos jueces de la República demandaran violación de derechos de los adultos mayores, al cesarlos de sus cargos por su edad, sin el debido proceso.
Los jueces señalaron que el decreto violenta la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las personas adultas mayores.
