Los jueces afectados acompañaron la presentación del escrito en la Cámara de Familia del Oriente. / Rosa Fuentes.
El abogado Ricardo Vladimir Montoya Cardoza, apoderado legal de Rosvinda Portillo Matute, solicitó a la Cámara de Familia de la zona oriental que ordene inaplicar las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, aprobadas por la Asamblea Legislativa el 31 de agosto pasado y publicadas en el Diario Oficial el 14 de septiembre.
El escrito también pide a la Cámara de Familia del oriente que ordene:
- Que los jueces, juezas, magistrados y magistradas de 60 años o más, o que tengan 30 años en la judicatura, puedan seguir en su cargos, mientras se tramitan las medidas.
- Que la Corte Suprema de Justicia se abstenga de nombrar o trasladar jueces o magistrados.
- Que los abogados y abogadas de la República se abstengan de aceptar estos cargos derivados de la aplicación de las reformas.
- Que en caso de entrar en vigencia las reformas, piden que las actuaciones administrativas y jurisdiccionales de los nuevos "jueces y magistrados" no produzcan efectos.
En la presentación de la petición de medidas cautelares asistieron jueces y magistrados como Sidney Blanco, quien explicó la medida como "una vía eficaz", en busca de la "tutela de las personas adultas mayores".
Nos parece, desde el punto de vista que las reformas a la ley de la carrera judicial, constituyen una arremetida en contra de derechos fundamentales de los adultos mayores, en su dignidad, en su estabilidad en el cargo, en su seguridad, en su dignidad y en otro conjunto de derechos: salud, trabajo, no discriminación, igualdad, y los derechos que se relacionan en esta demanda". Sidney Blanco, juez de la República.
Blanco explicó que esta demanda es en contra de la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuál es el argumento de la demanda?
Los solicitantes argumentan que la Asamblea Legislativa incumplió sus compromisos con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores “de abstenerse de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con dicho tratado”.
Además, sostienen que la Presidencia de la República, al enviar a publicar las reformas "avaló todas las violaciones a los derechos a las personas adultas mayores que ejercen la judicatura en el país, trasgrediendo con ello la convención antes mencionada".
Y añaden, que la Corte Suprema de Justicia "se unió a las trasgresiones a los derechos mencionados, haciendo una aplicación anticipada", acordando con 9 votos otorgar una indemnización de 24 salarios a los magistrados y jueces que renuncien antes de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, contenidos en el referido decreto".
La demanda dice que el decreto legislativo 144 trasgrede el artículo 390 del Código de Familia, al igual que el 392 y 394, de igual forma, violenta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.