Los solicitantes explican que el presidente del CONNA renunció a su cargo por el proceso, pero funcionarios como la Procuradora General y el director de Centros Penales, no aceptaron la renuncia por la presunción de inocencia. /Foto: Iliana Cornejo.


Unas 11 organizaciones de derechos humanos solicitaron hoy al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) que inhabilite al presidente del Consejo Directivo, Erick Romero Mena, debido a un proceso de violencia intrafamiliar en su contra.

Según las organizaciones, la esposa de Romero Mena y dos hijos de la pareja, sufren violencia intrafamiliar desde 2015, pero el 24 de septiembre de 2020, el Juzgado Especializado de Instrucción B para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, dictó nuevas medidas de protección para las víctimas.
Y estás medidas establecen sanciones para el señor Romero Mena, como la exclusión del hogar, se le impone una cuota alimenticia provisional y que cese el hostigamiento contra la señora, la actual esposa, y nosotros consideramos que esas medidas son de carácter judicial, de obligatorio cumplimiento". Angélica Rivas, Colectiva Feminista para el desarrollo local.

Las organizaciones también señalaron que el 21 de julio de este año Romero Mena presentó su renuncia al CONNA, pero funcionarios como la Procuradora General de la República, Miriam Aldana, el director de Centros Penales, Osiris Luna, y la viceministra de Trabajo, Maritza Calderón, rechazaron la renuncia por la presunción de inocencia.



También señalaron que aunque las medidas se impusieron el año pasado y el expediente pasó a la Fiscalía General de la República para su investigación, el Ministerio Público Fiscal aún no inicia ningún expediente.

Las organizaciones señalaron que la víctima ha enfrentado atrasos de parte de las mismas instituciones en el proceso, como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, el mismo CONNA, que responden al cargo público que el señalado ostenta.

 



El caso se conoce en el día mundial de la niña, sobre un funcionario público que ostenta un puesto público, cuyo mandato es garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.