Organizaciones y familiares de los cuatro periodistas holandeses, asesinados en 1982, pidieron hoy a la Presidencia de la República reconstruir los archivos presuntamente destruidos en ataques guerrilleros, que podrían aportar a la investigación que lleva actualmente la Fiscalía General de la República.
El presidente de Fundación Comunicándonos, Óscar Pérez, entregó una pieza de correspondencia en Casa Presidencial en donde exigen la reconstrucción de los archivos destruidos.
Ellos (Fuerza Armada) tienen listas que se pueden cruzar perfectamente dentro de este proceso de investigación, porque de los miembros del Batallón que estaban de alta en ese momento del asesinato, veinticinco son los que participaron materialmente en el asesinato, los oficiales son los que tomaron la decisión y planificaron, esos datos se pueden cruzar para saber quienes están pensionados, dónde viven y eso le facilita en el proceso de investigación a la Fiscalía General de la República”. Óscar Pérez, fundación Comunicándonos.
Esta petición obedece a la respuesta que el representante legal del Ministerio de Defensa presentó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en noviembre de 2020, donde manifestó que no había información relacionada a la masacre de periodistas, debido a que muchos de sus cuarteles habían sido destruidos en ataques guerrilleros y mucha información se había perdido.
Además, piden al presidente de la República, Nayib Bukele, ordenar a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, agilizar las gestiones ante el Secretario General de las Naciones Unidas la entrega de todos los archivos que sustentan el Informe de la Comisión de la Verdad.
Proceso estancado
En marzo de 2018, la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos, junto a Fundación Comunicándonos, en representación de las familias de las víctimas, presentaron una denuncia penal ante la FGR para que se investigara el asesinato de los periodistas holandeses: Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Johannes Willemsen, asesinados en El Paraíso, Chalatenango en 1982 por el Batallón Atonal de la Fuerza Armada salvadoreña.
Debido a que la investigación de la Fiscalía necesita auxiliarse de los archivos del Ministerio de Defensa en relación al caso, la investigación se ha estancado.
En febrero de 2020, el IAIP ordenó a Defensa la entrega de los archivos militares solicitados por el abogado de las familias de los periodistas, entre los meses de mayo y junio, se volvió a solicitar a Defensa los archivos, pero se excusaron con que la “pandemia los tenía muy ocupados” y por eso no podían buscar los documentos.