La petición de la defensa ocurre en audiencia previa a la instalación del juicio contra Héctor Ernesto Mata Avilés, Carlos Antonio Melara Ventura, Alejandro Nuila Ferri y Guillermo Alejandro Jiménez, acusados de tráfico ilícito internacional.
La droga que según Fiscalía tenía como destinatario cada uno de los imputados, llegó al país los días 15, 20, 21 y 29 enero de 2020, vía Correos de El Salvador, la cual venía en sobres cerrados etiquetados con uno de los equipos de fútbol europeo, mientras otros con motivos navideños y sin remitente.
Correos de El Salvador alertó a las autoridades de ese tipo de encomiendas y según Fiscalía se solicitó la autorización judicial para iniciar una serie de investigaciones del caso.
Sin embargo, el abogado Eduardo Cardoza sostiene que se violentó el principio de inviolabilidad de la correspondencia y la intimidad establecido en la Constitución, al abrir uno de los sobres sin la autorización de un juez.
Pero, uno de los fiscales afirmó que ellos no abrieron ningún sobre, sino que a uno, se le salió una tableta color morada, que al verificar en laboratorio de la División Antinarcótica dio positivo a éxtasis. Para las demás correspondencia, aseguró el fiscal, contaron con la autorización judicial para abrirlas.
Cardoza dice que no le cree a Fiscalía e insiste: “no debieron abrir los sobres, tendrían que haberlos llevado a un juzgado y que el juez los abriera; pero ellos lo abrieron; y la Constitución dice que la correspondencia es inviolable”, reiteró Cardoza.
Fiscalía manifestó que en tres de las casas allanadas encontraron droga, balanza y otros implementos supuestamente necesarios para fabricar y vender droga sintética, además hallaron cocaína, armas de fuego, no así en la vivienda de Alejandro Nuila Ferri para quien su abogado pidió el sobreseimiento definitivo.
Estas cuatro personas estaba importando esa cantidad de tabletas obviamente para venderlas en su territorio”, abonó el fiscal.
Fiscalía asegura que tiene suficiente prueba para demostrar la existencia del delito y la participación de cada uno de los imputados; de ser hallados culpable, la pena máxima es de 20 años de prisión.
El juez Sexto de Instrucción resolvió en audiencia especial sobreseer provisionalmente a todos los imputados en este caso por falta de pruebas que vinculara a los imputados en el ilícito y dio un año para investigar el caso; sin embargo, el Juzgado Octavo de Instrucción envió el caso a juicio por otro caso de tráfico de éxtasis.
El Juez Tercero de Sentencia resolverá este martes,10 de agosto, las peticiones de la defensa.