Según Movitierra 861 familias en el país están amenazados por el desalojo.
El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (Movitierra) junto a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) pide a la Asamblea Legislativa la derogación del decreto 23 de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, que permite el desalojo de personas en terrenos propiedad de otros.
“Este decreto es utilizado por alguna persona, propietaria de un terreno que ha sido abandonado, y alguna familia decide tomarlo para vivir allí por necesidad, esta ley les llama usurpadores y tiene un procedimiento de 12 días, desde que inicia la demanda”, explicó Teresa Hernández, miembro del movimiento.
Fernando Martínez representante de Movitierra explicó que la solicitud será interpuesta mediante una pieza de correspondencia en el órgano legislativo.
En este sentido, Movitierra y Fespad piden a los Juzgados de Paz que mientras la derogatoria no sea efectiva el sistema de justicia sea garante de la protección de los derechos de audiencia, defensa y debido proceso en los casos de conflictos en tenencia de la tierra que potencien desalojos forzosos.
Asimismo, Sergio Ortíz, de Movitierra aseveró que demandan al Ministerio de Vivienda como instancia rectora, la creación y ejecución de un programa que brinde atención a familias en proceso de desalojo.