El Ministerio Público Fiscal hizo la solicitud de condena durante sus alegatos finales, en los que destacó el procedimiento “de compras controladas con agentes encubiertos”, que realizó entre mayo de 2018 y noviembre de 2019 para dar con los sospechosos justo en el momento que supuestamente transaban con la droga.
Dos de esas compras controladas fueron el 25 de septiembre y el 11 de octubre de 2018 que involucró a Roxana Patricia Mejía en su residencia situada en la comunidad 13 de Enero, junto a Santiago Cornejo García.
En esas fechas, los agentes encubiertos compraron a Roxana Patricia, y a Santiago, 40 porciones de cocaína (20 y 20); por lo que solicitó que se impusiera 10 años de cárcel por cada transacción, que hace una pena total para de 20 años.
En otro ocasión, los agentes encubiertos realizaron tres compras controladas de marihuana a William Eduardo Gutiérrez: 15 porciones el 19 de septiembre, 30 porciones el 2 de octubre y una porción mediana, el 13 de noviembre en la cancha de Injuve situada entre la calle a la Zacamil y 29 Avenida Norte.
Gutiérrez, que se hacía pasar como vigilante de Injuve, lo negó. Fue capturado el 24 de mayo de 2019 tras ser intervenido en la vía pública; para él, Fiscalía pidió diez años por cada una de las tres compras controladas y tres años más por el decomiso de dos porciones de marihuana a la hora de ser detenido.
Fiscalía también se refirió al caso de Ricardo Márquez Gámez, otro supuesto colaborador de Roxana Mejía, quien daba en alquiler un local donde funcionaba una joyería, una pupusería y un billar y además supuestamente vendía droga; el 30 de noviembre de 2019, su empleado Ricardo José Hernández Hernández entregó 10 porciones de cocaína a un agente encubierto.
Además en un allanamiento y con autorización judicial, abrieron una caja fuerte de su propiedad que contenía joyas, diez porciones cocaína y una porción mediana de 10.57 gramos el 9 de octubre de 2019, en el procedimiento también, incautaron dinero que al someterlo a análisis dio positivo a cocaína, razón por la cual Fiscalía solicitó al juez que condene a Márquez y Ricardo José Hernández a diez años de prisión por tráfico ilícito y tres años más por alquiler de local para utilizarlo como plataforma de tráfico.
La defensa por su parte abogó que los imputados son inocentes y que la Fiscalía con sus procedimientos no pudo establecer la participación delictiva de cada uno de los siete. Los acusados en la última palabra negaron los hechos que la Fiscalía les acusa y dijeron que fueron capturados mientras realizaba su trabajo lícito.