“Este es un caso que se inició en dos fases, estamos en la segunda fase, hoy hemos hecho la fundamentación del dictamen de acusación y en la que pedimos que todos vayan a juicio”, explicó la fiscal del caso.
El Ministerio Público aseguró en la audiencia preliminar que cuenta con abundantes audios con los que se individualizará la supuesta participación de los imputados en los hechos que se les atribuye.
El apoyo del Centro de Intervención de Escuchas Telefónicas contribuyó entre 2019 y 2020 a interceptar sus teléfonos móviles.
Como resultado, Fiscalía detectó conversaciones entre los pandilleros de la estructura en las que intervenían los cabecillas y supuestamente planificaban homicidios y extorsiones; además llamaban a su víctima y con amedrentamiento, le exigían diferentes sumas de dinero.
En algunos casos, la víctima negociaba el monto que le pedían porque se salía de su capacidad económica y acordaban una extorsión más baja.
Por ejemplo, a una víctima, le exigieron $800 y al no tener el dinero, negoció entregarla en dos tanto entre el 12 de octubre y el 3 de noviembre.
En otro caso, se interceptó la llamada telefónica donde exigían $1,000 a un representante de la ruta 43 que recorre de San Salvador a Ciudad Delgado.
Fueron pillados cuando se proponían ir a desenterrar cadáveres que yacían en un cementerio clandestino.
Los abogados defensores han criticado las intervenciones como prueba para demostrar la culpabilidad de los imputados.
“No se tiene otra prueba que corrobore los hechos que se mencionan en los audios como testigos que con vistas y oídas, le dé credibilidad”, afirmó Mario Ayala, defensor de dos imputados.