De acuerdo con la investigación, los imputados crearon sociedades mercantiles para dar apariencia legal en los ingresos de la pandilla 18 que luego eran invertidos en compra de propiedades, vehículos y realizaban depósitos a plazo en el sistema financiero nacional.
Como resultado del manejo de fondos, los imputados llegaron administrar 296 vehículos de todo tipo, estilo y clase. En algunos casos adquiridos en pago por préstamos de deudores, por el delito de estafa y otros de dudosa procedencia; varios de estos automotores eran dados en alquiler para uso personal, taxis o simplemente eran puestos a la venta.
“Se invertía el dinero en efectivo y adquisición de vehículos para efecto de concluir el ciclo de lavado de dinero y activos y aparentar que el dinero procedía de una actividad lícita; en estas acciones hubo mezcla de capitales lícitos con ilícitos”, explicó la fiscal.
“El testigo criteriado es incoherente, inverosímil y carente de credibilidad en el relato de los hechos que involucra a mi defendido, por esa razón pido su sobreseimiento”. David Ramírez, abogado defensor
Cinco acusados.
La supuesta estructura de lavado de dinero y activos estaba conformada por Wilber Robin Flores, Billy Francisco Flores, Juan Antonio Flores y Baltazar de Jesús Hernández Méndez, este último es subinspector de la PNC.
A los primeros cuatro, se les acusa de agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos; entre tanto a Hernández por agrupaciones ilícitas, falsedad material e ideológica.
La fiscal del caso manifestó que esta estructura no es como las tradicionales de las pandillas que cometen extorsiones, homicidios y otros delitos similares; “sino que involucraba a pandilleros, bandas delicitivas y civiles quienes colaboran para la obtención de bienes muebles e inmuebles y así poder fortalecer la parte económica de la agrupación”.
Tres de sus líderes ya forman parte de otro proceso judicial en fase de juicio; y en el actual, se procesan a los colaboradores patrimoniales.
Seis años.
“El periodo que operó esta estructura fue entre los años 2013 y 2019 en ciertas zonas de San Salvador”, afirmó la fiscal. A este nivel del proceso, todavía no se puede establecer un monto total del lavado de dinero que se atribuye a los cinco procesados en el actual caso porque involucra no solamente lavado de dinero y activos sino también otros hechos en cuanto estafas y falsedades que se han cometido.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía cuenta con el principal líder de la estructura que se acogió a beneficios penales a cambio de ayudar a esclarecer los ilícitos que se atribuyen a los cinco acusados.
El testigo asegura haber inyectado fuertes sumas de dinero provenientes de ilícitos que luego se invirtieron en actividades económicas.