Los datos se dividen en 102 niños, niñas de 0 a 4 años de edad desplazados y 49 niños y niñas, de la misma edad confinados y luego desplazados.
La cifra crece cuando se agregan adolescentes al grupo; 279 niñas, niños y adolescentes, entre los cinco y los 17 años, sufrieron desplazamiento forzado por violencia el año pasado, y unos 150 niños del mismo grupo etáreo estuvieron confinados antes de desplazarse, según Plan Internacional.
Los datos son consignados en un informe denominado Impacto del desplazamiento forzado por violencia generalizada en los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador, que ayer fue entregado al vicepresidente electo, Félix Ulloa.
El funcionario, que asumirá el próximo 1 de junio, se comprometió a que el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele enfrentará y reconocerá el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia.
“Como nuevo gobierno tenemos la obligación, no solo moral, de enfrentar el problema sino de carácter legal y judicial, porque se trata de una sentencia”, dijo al recibir el informe.
El documento señala que la respuesta del Estado no es suficiente para “prestar una adecuada protección y atención integral”, debido a que el fenómeno no ha sido reconocido formalmente como lo ordenó la Sala de lo Constitucional, en julio del año pasado.
Ulloa dijo que el actual gobierno “ha invisibilizado (el fenómeno) y lo peor es que ha sido a propósito, porque éste es un tema donde el Estado en general y el gobierno en particular, son responsables de la situación de precariedad, vulnerabilidad y exposición en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes de este país”, dijo.
Esta semana, el Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a organizaciones de la sociedad civil entregaron los principios rectores a la Asamblea Legislativa, para que en ellos se basen los diputados para definir una ley especial; la comisión de legislación tiene tres anteproyectos para legislar y cumplir la sentencia de la Sala.