Diez víctimas que fueron alertadas por los procesados a través de sus cuentas en Facebook o WhatsApp pagaron las multas, pero nunca recibieron las encomiendas que sus familiares les habían enviado.
Tras sentirse engañados, las víctimas “personas mayores de edad” acudieron a la Fiscalía General de la República y denunciaron estos casos que ocurrieron entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
Según uno de los fiscales, en estos casos se ha suplantado la identidad digital de familiares y amigos de las víctimas y posteriormente se les ha hecho ver como tales, y en esa condición, los remitentes suplan a sus familiares en el país “que les hagan el favor de recibir ciertas maletas o encomiendas que se han enviado a El Salvador”.
“Esas encomiendas han sido enviadas a través de empresas de transporte con falsa identidad, y en la que se les hace saber a los destinatarios, que presentan anomalía en su tamaño, peso y contenido y que por eso deben pagar una multa”, explicó el fiscal.
Los parientes en El Salvador, tratándose de familiares o conocidos suyos, acceden pagar esas multas mediante transferencias bancarias y es así como los delincuentes obtienen esas sumas de dinero y desaparecen.
Además de esos casos, la Policía Nacional Civil ha reportado otras 50 denuncias por estos mismos hechos solo en San Salvador.
Entre las alternativas que tienen los imputados es devolver el dinero que las víctimas les pagaron en concepto de multas, afirmó el fiscal. De no pagarles a las víctimas, los imputados serían enviados a juicio por estafa agravada.
Al final de la audiencia la jueza ordenó que tres imputados pasen a la fase de instrucción mientras siguen en detención provisional; en otros cuatro que conciliaron con las víctimas, la jueza los dejó en libertad; tres pagaron una parte y se comprometieron a devolverles el restante en cuotas y cuando salden la totalidad, la jueza los sobreseerá definitivamente. Uno de los cuatro pagó la totalidad de lo estafado y fue sobreseído definitivamente.
Los otros tres acusados que todavía no han sido detenidos serán procesados por la jueza en los siguientes cinco días hábiles con vista de la acusación fiscal.