El exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores y su esposa Dennis Karina Hernández de Flores, enfrentarán la audiencia probatoria (última audiencia del proceso civil), el próximo 28 de noviembre, según confirmó la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.

Ambos enfrentan una demanda civil por presunto enriquecimiento ilícito de $608 mil que se desprende de un análisis de la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya que cuando lo mandaron a oir el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de los fondos que utilizó entre otras cosas para adquirir un vehículo, tampoco explicó de dónde obtuvo el dinero detectado en sus cuentas de ahorro.

Probidad halló también una supuesta sobrevaluación de una casa y los ingresos obtenidos de una sociedad en la que expresó ser accionista.

En la audiencia preparatoria, el abogado del demandado argumentó que porcentaje del dinero que hizo transitar por el sistema financiero salvadoreño mediante diez cuentas bancarias era producto de los ingresos que le generaba una sociedad en Estados Unidos, pero la Fiscalía en las investigaciones realizadas no detectó que en ese país haya alguna entidad que de referencia de Flores.

El período cuestionado por la Fiscalía General de la República a Leonel Flores y su esposa es el comprendido entre los años 2009 y 2014, período fungió como director del ISSS.

En la audiencia preparatoria del pasado 13 de julio, las magistradas admitieron todas las pruebas a la parte demandante y demandada, las cuales serán analizadas detenidamente en la última audiencia donde se va determinar si Flores y su esposa son o no responsables de enriquecimiento ilícito.

Valuación

La misma instancia, nombró a un ingeniero civil, del Ministerio de Obras Pública (MOP), para que valúe las propiedades del diputado del PCN, Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa Alma Yaneth Gutiérrez de López, quienes también enfrentan un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito.

El perito será juramentado el próximo 3 de octubre para que inicie los avalúos de aproximadamente 12 inmuebles. El diputado no justificó en la Sección de Probidad más de $1 millón en su declaración patrimonial, razón por la que 5 de octubre del año pasado la Corte Pleno, ordenó a la Cámara iniciar el juicio civil.