Delegados de la PDDH llegaron a vigilar el debido proceso y respeto de derechos de víctima. / Diego García
El abogado y acusador particular (querellante) en el caso de Carla Ayala, Arnau Baulenas, pidió a las autoridades no causar más dolor a la familia de la agente.
“Estas declaraciones nos han tomado por sorpresas y lo único que podemos decir, en este momento, es que se tiene que tomar todo con mucha cautela. Tenemos que ser cautelosos, muy rigurosos, porque si no lo que podemos causar es mayor dolor a la familia”, dijo Baulenas a los medios de comunicación, ayer.
El abogado recordó que en febrero, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo que tenían “fuertes indicios” que el cuerpo de Ayala estuviera sepultado en el cementerio de San Francisco Javier, Usulután y tras una exhumación cofirmaron que el cuerpo encontrado no pertenecía a la agente desaparecida.
“Exigimos a las autoridades, que antes de dar conferencia y atender a los medios, pues haya una comunicación directa con la familia, o a través nuestro como representantes de la víctima en el proceso judicial, porque entendemos que quien tiene que ser primero si en realidad es el cuerpo son la familia. Es un caso como siempre hemos defendido que tiene un interés nacional, que tiene un interés más allá del ámbito familiar. Sin duda estamos ante un caso, desde nuestro punto de vista, de una desaparición forzada y por tanto de un crimen muy grave”, sostuvo Baulenas.
Diario El Mundo constató que el abogado llegó a la escena donde la policía, supuestamente, cree que está el cuerpo de Ayala, pero al cierre de esta nota no hubo comunicación con el abogado para conocer avances en la investigación.
Esta semana, Baulenas presentó una solicitud al Juzgado Sexto de Instrucción para que ordene hacer un estudio socioeconómico a la familia de Ayala y se determine el costo de la ausencia de ésta.
El juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, dijo a Diario El Mundo que veía díficil que la Policía Nacional Civil reciba una condena civil si no hay un acta de defunción que evidencia que Carla Ayala está muerta. El caso está dividido en dos: en uno se procesa por incumplimiento de deberes y en otro por feminicidio.