En 2016, en el cantón El Castaño, en Caluco, Sonsonate, fue instalado el primer albergue por violencia. / DEM
Según la caracterización que Cristosal ha hecho a las 83 familias que han sufrido un desplazamiento forzado, las víctimas son principalmente pobres.
“La mayoría son familias que han sobrevivido con $100 a $150 mensuales, muchas son familias grandes”, explica Celia Medrano, directora de Cristosal.
“Los cinco casos de familias que presentaron un recurso de amparo, que se han amparado ante la Corte Suprema de Justicia es en su mayoría de seis integrantes, de seis integrantes y una que es la que la Corte ya emitió una resolución, que es una familia de 32 personas”, agrega Medrano.
Señala que a las familias las motiva huir de sus casas, el instinto protector a los niños.
“El muchacho mayor ya fue agredido por las pandillas, ya fue asesinado por la pandilla, tengo que proteger a los más pequeños, a los que siguen y eso normalmente ha provocado que me tengo que desplazar y son familias que están buscando ayuda, que han podido llegar a diferentes organizaciones, iglesias, humanitarias, y del gobierno”, señala la directora de Cristosal.