Abogados de los exfuncionarios del expresidente Mauricio Funes solicitaron a la jueza Quinto de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador este jueves, que les permita visitas de sus familiares y abogados a las prisiones donde se encuentran.

Sin embargo, la jueza rechazó la petición tras señalar que esa era potestad administrativa de Centros Penales y no de ella.

Centros Penales ha impedido el ingreso de personas a las prisiones como parte de los mecanismos de bioseguridad impulsados en el interior de los penales para evitar un rebrote del covid-19.

Uno de los abogados afirmó que en la audiencia de este jueves también se abordó una queja presentada por el hijo de la doctora Erlinda Handal “por no dejarlos verla en Cárcel de Mujeres”.
La jueza simplemente resolvió que hay que solicitar permiso a Centros Penales y le informemos a ella”. Abogado de Erlinda Hándal.

Familiares denunciaron que dada la insalubridad en el penal de Mujeres en Ilopango, la exviceministra de Salud estaba teniendo serias dificultades para respirar.

A raíz de esa queja, el Juzgado Segundo de Paz ordenó que un neumólogo visitara y evaluara la situación de salud de Menjívar; el profesional también medió para que le fuera introducido un dispositivo que midiera el estado de sus pulmones.

Los exfuncionarios procesados son:

En prisión
Carlos Cáceres, exministro de Hacienda
Violeta Menjívar, ex viceministra de Salud
Erlinda Hándal, Ex viceministra de Educación
Calixto Mejía, exministro de Trabajo
Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura

Ausentes
Salvador Sánchez Cerén, ex vicepresidente de la República
Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas
Guillermo López Suárez, expresidente de CEPA
Lina Pohl, ex viceministra de Medio Ambiente
Manuel Melgar, exministro de Salud

La Fiscalía los ha señalado de recibir sobresueldos mensualmente, que habrían venido de la partida secreta que fue alimentada con dinero que el ministerio de Hacienda transfirió a la Presidencia de Funes, sin aval de la Asamblea Legislativa.

Por eso enfrentan la etapa de instrucción por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado (apropiación de bienes del Estado).