Desde la captura en 2017, tres años más tarde, el proceso ha llegado a su etapa final en los juzgados. / Jaime López

Uno de los 15 asaltos que la Fiscalía General de la República le atribuye a una banda del crimen organizado ocurrió a fines de agosto de 2015, en perjuicio de una familia propietaria de un rastro clandestino situado entre los límites de los departamentos de La Paz y La Libertad, en la carretera Litoral.


Un imputado en su condición de testigo, con beneficios penales, confesó ayer en el juicio, que la compañera del líder de la red solo identificado como Gabriel, alias “El Cuche”, alertó que tenía un “trabajito o asalto por realizar”, el cual consistía en ir por el dueño de un rastro clandestino que tenía $12,000 en efectivo.


Los imputados son enjuiciados en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador desde el lunes 5 de octubre y en el que uno de sus imputados es el principal testigo.


La banda encomendó la misión delictiva a cinco de sus integrantes. Estos consiguieron dos vehículos para movilizarse, además dos uniformes y dos placas policiales para fingir un procedimiento policial nocturno.


El rastro estaba ubicado en el interior de una finca donde además habían dos casas en las que residían las víctimas.


Tras la apariencia de un allanamiento policial por el ilícito del rastro, el grupo delictivo sorprendió al propietario y su familia, y fueron sometidos a punta de varias armas de fuego.


De inmediato, los delincuentes le pidieron al jefe de hogar que les entregara el dinero, pero solo dio $3,000 en efectivo, después de exigieron que entregara el resto y sino se llevarían a uno de sus hijos.


La víctima no quiso correr riesgo y fueron a la segunda casa a desenterrar $9,000 en efectivos y se los entregó.


Más noche, los imputados salieron rumbo a San Salvador para repartirse el botín; Gabriel, “El Cuche” recibió $6,000, el testigo del caso $2,000 y los demás el resto.


Según la Fiscalía, los acusados no son pandilleros sino miembros del crimen organizado especializados en cometer atracos sobre todo en negocios como restaurantes. La estructura criminal operó entre 2015 y 2016, y fueron capturados en 2017.


Los integrantes de la banda tenían diferentes roles, unos se dedicaban a ir de negocio en negocio, observando a los dueños de establecimiento, sus bienes como carros, electrodomésticos y joyas, así como identificar el estatus de sus clientes.


Luego de fijar a la víctima, que en este caso era los dueños de negocios y sus clientes, procedían a los atracos. En Santo Domingo de San Vicente, robaron en un restaurante un vehículo, joyas y dinero en 2015.