Más de la mitad fueron hechas por funcionarios del Gobierno y fuerzas de seguridad durante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19./DEM.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) registra 54 denuncias por agresiones contra periodistas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2020. Más de la mitad fueron hechas por funcionarios del Gobierno y fuerzas de seguridad durante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.
"Hay elementos que generan preocupación. En este período ha habido un retroceso en el país en términos de libertad de prensa, y como en todo América Latina, hay una tendencia de caminar hacia un régimen autoritario y una mayor concentración de la información", aseguró Serafín Valencia, relator de libertad de expresión de la Apes.
En una conferencia en línea, la más antigua asociación del gremio periodístico en el país presentó su Informe de Libertad de Expresión del primer cuatrimestre de 2020. En este período, se registraron 54 vulneraciones al ejercicio periodístico, "un incremento significativo respecto al mismo período del año pasado".
El repunte de agresiones, según Valencia, se hace evidente durante la emergencia nacional, cuando dos periodistas ya sufrieron restricciones de movilidad dentro del territorio, eliminación de imágenes por parte de policías y fuerzas armadas, e incluso amenazas y acoso digital.
Solo en 2019, la Apes registró 77 denuncias por este tipo de agresiones, "y en menos de cuatro meses, ya superamos la mitad de casos de dicho período", indicó Angélica Cárcamo, presidenta de la Apes.
Entre enero y febrero, previo a la declaración de emergencia, se reportaron 20 agresiones. Al aprobarse el estado de excepción desde marzo pasado, se registraron 34 nuevas denuncias ante la Apes.
Ataques y restricciones
Según el informe, las denuncias por vulneración al ejercicio periodístico fueron hechas por 14 mujeres, 30 hombres, ocho medios de comunicación y se hicieron 15 denuncias colectivas.
Entre las denuncias hay al menos 28 restricciones al ejercicio periodístico, que consisten en intimidación, amenazas y eliminación de imágenes captadas por periodistas. Además, se registraron 10 ataques digitales y un caso de acoso digital.
Además, se denunciaron dos bloqueos a la información pública, dos amenazas verbales, dos restricciones a la circulación, un ataque a la libertad de expresión y una agresión al patrimonio.
Dentro de sus lugares de trabajo, además, los periodistas denunciaron cuatro casos de reducción salarial, un adeudo salarial, un despido injustificado y un caso de acoso sexual.
Al menos 23 de todas las vulneraciones fueron cometidas por parte del Gobierno de El Salvador, a través de instituciones públicas, funcionarios y empleados públicos; 10 por la Policía Nacional Civil y 5 por las Fuerzas Armadas.