René Figueroa y su esposa, en la audiencia de ayer.
La falta de un acuerdo económico entre los abogados del exministro de Seguridad Pública, René Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga con la Fiscalía General de la República, impidió que este miércoles, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, instalara el juicio contra ellos por el delito de lavado de dinero y activos.
Ambos han solicitado a Fiscalía, la autorización de un procedimiento abreviado en el que aceptan los cargos y se comprometen a resarcir al Estado el dinero supuestamente sustraído de forma ilegítima, a cambio de ser condenados a una pena inferior a la que podrían recibir en un juicio ordinario.
“Por parte de los abogados defensores y la representación fiscal todavía se están afinando ciertos acuerdos y eso se ha informado al Tribunal, solicitando a la vez que se reprograme la audiencia para el 22 de noviembre “, explicó el fiscal.
“El acuerdo tiene que ver con propiedades y cuentas relacionadas a la responsabilidad civil. Por el momento estamos a punto de que se autorice dicho acuerdo, al menos al interior de Fiscalía”, añadió.
La acusación
La Fiscalía acusa a la pareja de lavar $3.7 millones durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca en 2004 y 2009.
Durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, Figueroa peculó, al sustraer dinero del Tesoro Público que luego se transfirió a sociedades o agencias de publicidad para hacerlos llegar a Radiodifusores de El Salvador y de ahí a bolsillos de los procesados.
Esos fondos fueron al parecer, invertidos por Figueroa en depósitos a plazos, otros depósitos en efectivos de él y su esposa, al tiempo que utilizaban sus sociedades para poder lavar el dinero”.
Por parte de los abogados defensores y la representación fiscal todavía se están afinando ciertos acuerdos". Fiscal del caso
El proceso abreviado.
El procedimiento abreviado es una opción que el Código Procesal Penal brinda en estos casos.
Como ventaja, los imputados obtendrían la tercera parte de la pena mínima con la que se sanciona el delito de lavado de dinero y activo.
El delito de lavado de dinero es castigado con penas de 5 a 10 años de prisión; por lo que la pena mínima podría ser menor a tres años y reemplazada por trabajo de utilidad pública.