El Tribunal Quinto de Sentencia aplazó para el próximo lunes, la lectura del fallo del juicio en contra de los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, ambos acusados de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta en el caso de las tiendas institucionales.

Los jueces argumentaron el retraso para dar su fallo, que aún no han terminado de valorar la abundante prueba ofrecida tanto por Fiscalía como por abogados defensores como para arribar a un resultado.
El Tribunal ha manifestado que aún no ha arribado a un fallo, que todavía se encuentran analizando la cantidad de prueba que se ha presentado en este juicio y han diferido la lectura del mismo para el lunes 19 a las 9:00 de la mañana”. Fiscal del caso.

“Es importante que el Tribunal se tome el tiempo para fundamentar de buena manera la decisión que va a tomar”, afirmó el fiscal Omar Aguilar.

El defensor de los exdirectores, Manuel Chacón, dijo que los jueces todavía están deliberando con la información que tienen, y de esa forma determinar cuál va a hacer el resultado con respecto a los dos ilícitos atribuidos a los procesados.

La Fiscalía sostiene que el caso está robustecido, “debidamente fundamentado y nos encontramos confiados en una sentencia condenatoria. Nosotros estamos pidiendo la pena máxima para administración fraudulenta y actos arbitrarios que en conjunto son 9 años”.

La defensa ha alegado en todo el juicio que en este caso, la única víctima no se presentó para mostrarse como parte ofendida y eso le reduce la fuerza a la acusación de Fiscalía.
No solo la postura de Fiscalía sino de la Cámara Primera de lo Penal que ordenó la reposición de este juicio, ha considerado que no es necesario que haya una persona física como víctima, porque este hecho es contra los bienes que aportaban los privados de libertad (reos) para las tiendas institucionales, ya que es un dinero que la Ley establece que es en beneficio de ellos mismos”, detalló el fiscal.

Del otro lado, la expectativa de la defensa es “positiva”, afirmó Chacón, tras estimar que la defensa ha aportado todos los elementos de prueba de descargo y “consideramos que el resultado para nosotros va a demostrar las imputaciones hechas no son ciertas”.

El caso


La Fiscalía acusa a los exdirectores de haber tomado el dinero que la familia de los reos aportaban para las tiendas institucionales, para pagar servicios de inteligencia, sobresueldos, bonificaciones, otorgar préstamos al personal y otros que la Ley de las tiendas institucionales prohíbe, pues esos recursos y sus ganancias deben ser invertido en beneficio de los prisioneros.

Tres pericias financieras realizadas a la administración de tiendas institucionales en las dos administraciones del FMLN determinaron que se extrajeron $208 mil para fines que no eran para beneficios de tiendas institucionales y que en todo caso se debieron cubrir con el presupuesto de Centros Penales.
Hemos aportado todos los elementos de prueba para revertir esos elementos que Fiscalía pretendía incriminarlos a ellos, estamos positivos, y que bueno que los jueces están valorando toda la prueba lo que va a permitir que puedan analizar la documentación y llegar a una conclusión”, aseveró Chacón.