“No es válido invocar reservas de información, aunque esté en poder de las Fuerzas Armadas, cuando se trata de investigar violaciones de derechos fundamentales”, dijo ayer.
Blanco señaló que será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar si la negativa de entregar información sobre la desaparición forzada de los jóvenes, por parte de la Fuerza Armada, constituye un delito.
El pasado 16 de enero, la Sala de lo Constitucional atribuyó la desaparición forzada de Oscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y José Fernando Choto Choto, a los militares de una brigada en Armenia, Sonsonate.