El expresidente de la república, Elías Antonio Saca, su exsecretario privado, Élmer Charlaix, el exsecretario de la jueventud de su gobierno, César Funes, y el exsecretario de comunicaciones, Julio Rank, admitieron al fiscal general de la república haber cometido los delitos de lavado de dinero y peculado de $300 millones, para someterse a un procedimiento abreviado que podría reducir sus penas hasta en una tercera parte.

Según expuso la Fiscalía ante el Tribunal Segundo de Sentencia, hoy, al iniciar el jucio los cuatro exfuncionarios enviaron un escrito directo al fiscal general, Douglas Meléndez, admitiendo los delitos el pasado 17 de julio y el fiscal avaló el procedimiento el 23 del mismo mes, así el Ministerio Público ha pedido que Saca y Charlaix sean condenados a 10 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y peculado, mientras que para Funes y Rank han pedido la condena de cinco años de cárcel por lavado de dinero. El próximo 30 de octubre los procesados cumplirán dos años de cárcel y ese tiempo es descontado de las condenas.



La Fiscalía también pidió a los tres jueces que separe el proceso de los tres exempleados de Capres, Pablo Gómez, Francisco Rodriguez y Jorge Herrera, para que conozca el proceso aparte; más tarde, la fiscalía confirmó que los exempleado de Capres también solicitaron un proceso abreviado, pero no ha sido resuelto.

Los fiscales del caso han adelantado que hay una confesión extrajudicial del expresdiente Antonio Saca, Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank que ratificarían ante el tribunal durante el juicio que sería acortado. Esta mañana, la fiscalía ha pedido cuatro horas de receso.

El juicio contra el expresidente estaba programado para dos meses con la participación de más de 500 testigos, según ya había notificado el tribunal.



El proceso abreviado está contemplado a partir del artículo 417 del Código Procesal Penal y señala que las penas podrán ser acordadas entre fiscalía, imputados y defensores de esta manera:

a) La aplicación desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado.
b) La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas.
c) La reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa.

En el caso de Saca, la pena máxima que podía haber recibido por el peculado y el lavado de dinero es de 30 años de cárcel, la petición de la Fiscalía le reduce 20 años.



El caso

El Ministerio Público había dicho que Saca lavó $300 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial y encontró en seis de sus allegados los aliados perfectos para desviar esos fondos desde una cuenta subsidiaria de la Presidencia hacia 14 cuentas a nombre de Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para luego ser transferidos a sus empresas.

De la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de Casa Presidencial fueron sustraídos ilícitamente los $300 millones. De ese monto, la UIF descubrió que $116 millones fueron cobrados en efectivo, configurándose de esa forma peculado (apropiarse de bienes del Estado), que es un delito generador del lavado de dinero.

Además de Saca, la Fiscalía acusó ayer a Elmer Roberto Charlaix Urquilla, exsecretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera de Capres; Pablo Gómez, excontador del secretario privado de Capres; César Funes, exsecretario de la Juventud; Julio Rank , exsecretario de Comunicaciones de Capres; y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero Institucional de Casa Presidencial, todos señalados de peculado, lavado de dinero y activos y casos especiales de lavado.