Los magistrados de la Sala ordenaron a la presidencia de la república, incluir una partida en el presupuesto general de la nación para "transparentar los recursos económicos destinados a los gastos de operación del OIE", dice el comunicado difundido esta mañana por la Corte.
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"Asimismo, se determinó que las funciones que realizan los trabajadores del OIE en el marco de los servicios de inteligencia del Estado, conllevan elementos técnicos –de conocimiento, organización, actividad y conducción– y por ello requiere de un personal altamente profesionalizado, capacitado y sometido a un permanente perfeccionamiento, lo cual solo es posible si se garantiza a los servidores públicos que laboran en el OIE la estabilidad en el desempeño de sus cargos", añade el comunicado.
Los 31 demandantes señalan que laboraban para el OIE y fueron despedidos a mediados del 2014, sin un documento que respaldara el despido, porque fue verbal, dijeron que sus contrataciones nunca fueron escritas y que sus salarios siempre fueron pagados en efectivo y no tenían descuentos de ley.
Otra demandante alega que su esposo fallecido laboró para el OIE y no se le hacían los descuentos de ley; le pagaban un seguro médico que fue cancelado cuando murió y ella quedó desprotegida y no tiene beneficios de seguridad social.
