En enero, el banco ya había empezado a pagar parte del dinero.
La Sala de lo Constitucional rechazó un amparo presentados por los abogados del Banco Davivienda Salvadoreño y mantiene la orden de la Sala de lo Civil a la institución bancaria de pagar $49,314,303.55 a la sociedad Ingeniero José Antonio Salaverría y Co. De S.A.
Los abogados del Banco Davivienda presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional bajo dos argumentos: que la sentencia del 5 de junio de 2019 de la Sala de lo Civil condenó al banco a pagar los más de $49 millones a la sociedad, cuando inicialmente la demanda era por $22,727,764.32. “Otorgó más de lo pedido”, dijeron los abogados.
El segundo argumento fue que al pedir una explicación, la Sala de lo Civil añadió la obligación de pagar intereses del 12 % anual, y daños y perjuicios de la fecha del peritaje hasta su total liquidación “y que esto no aparece en la sentencia”.
Sin embargo, la Sala de lo Constitucional se declaró incompetente para resolver sobre las peticiones de los defensores del banco “dado que constituyen cuestiones de estricta legalidad ordinaria y de simple inconformidad”.
El 15 de noviembre del 2019, el Juzgado Primero de lo Mercantil ordenó embargar bienes de Davivienda por el monto sentenciado.
El caso.
Este proceso civil y mercantil inició hace unos 13 años, cuando el empresario cafetalero José Antonio Salaverría adquirió un crédito con esa entidad bancaria que antes tenía otra denominación; el empresario se atrasó en el pago del préstamo y el banco le notificó un embargo.
Aunque el empresario intentó saldar la deuda, el banco no aceptó y procedió con un embargo en 2008, tomando posesión de la planta de transformación agroindustrial, conocida con el nombre de “Beneficio El Molino”, ubicado en Concepción de Ataco, Ahuachapán. Uno de los documentos de la Sala de lo Civil dice que “ello provocó el cierre de operaciones y por lo tanto hay prueba del daño producido”. A través de sus defensores, Salaverría inició un proceso civil y mercantil en octubre de 2009.
Las demandas de la sociedad Salaverría alegaron incumplimiento de contrato, malas e insanas prácticas bancarias y daños económicos y morales.