La familia Guzmán fue desaparecida por las fuerzas de seguridad en 1982. Cortesía del Blog de la Fundación para el Debido Proceso.
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechazó la solicitud del Ministerio de Defensa, de separar a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en relación a una solicitud en donde se piden documentos que podrían ayudar a esclarecer la desaparición forzada de la familia Guzmán Orellana ocurrida en 1982.
Dicha información podría esclarecer la desaparición de Fernando Enrique Guzmán Quijano, Juan Antonio Guzmán Méndez y María Otilia Orellana López, todos ellos capturados y desaparecidos por elementos militares y de la ahora extinta Policía Nacional, en mayo de 1982.
El 24 de agosto de 2017, Gloria Guzmán Orellana, hija de Juan Antonio Guzmán y María Otilia Orellana, desaparecidos el 17 de mayo de 1982 y hermana de Fernando Enrique Guzmán desaparecido dos días antes, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la desaparición forzada de su familia, delito que le son atribuidos al Ejército Salvadoreño y la Policía Nacional.
Además de la demanda ante la Fiscalía, interpuso un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, ambos procesos han logrado avanzar, pero se necesitan documentos oficiales que pruebe quiénes eran las personas responsables de las unidades militares involucradas y de los operativos realizados en los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque, al momento de la desaparición de la familia Guzmán Orellana.
Un representante en nombre de Gloria Guzmán, presentó la solicitud ante la oficina de acceso a la información pública del Ministerio de Defensa, en agosto de 2019, pidiendo que se les proporcionara todos los documentos relacionados a las tres personas demandas, así como también los libros de Informe Diario de Situación (IDS) sobre detenciones ocurridas entre el 15 de mayo y septiembre de 1982.
La respuesta del IAIP llegó a los solicitantes el 3 de octubre de 2019, en donde las unidades administrativas señalaron que los documentos no existían.
Ese mismo mes se inició un proceso de apelación ante el AIAP y en junio de este año, el Ministerio de Defensa se comprometió a entregar la información solicitada, pero no lo entregó.
El 14 de octubre, el Ministerio de Defensa presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo una solicitud de recusación, pero fue rechazada.
A raíz de eso, el pleno del Instituto programó una audiencia para este jueves 12 de noviembre.
La desaparición
Durante la década de los setenta y hasta su desaparición a principios de los años ochenta, los tres miembros de la familia Guzmán Orellana vivían bajo constante amenaza, debido a sus actividades sindicales y su apoyo a organizaciones populares y comunidades eclesiales de base.
Para finales de los setenta, el presidente de ese entonces, el coronel Carlos Humberto Romero, creó la “Ley de Defensa y Garantía del Orden Público”, vinculada con la doctrina de la seguridad nacional impulsada por Estados Unidos, cuyo objetivo era el de controlar el creciente descontento popular.
Como resultado de su activismo, en ese entonces llegaron a ser considerados enemigos del Estado, las constantes amenazas y la represión estatal realizada principalmente por el Ejército y el cuerpo policial, obligaron a la familia a cambiar de domicilio constantemente, pero su persecución e intimidación por parte del Gobierno hacia ellos nunca cesó.
Los crímenes son atribuidos a los encargados de ambas instituciones en ese entonces, el primero de ellos es el general José Guillermo García, quien fungió como ministro de la Defensa Nacional entre 1979 y 1983. En 2002 fue condenado por un juzgado de Estados Unidos a indemnizar a las víctimas del conflicto armado, la suma de $54 millones.
En enero 2016, el coronel García llegó a El Salvador luego de que un juez de Miami, ordenara su deportación por crímenes de violaciones a Derechos Humanos, a su llegada al Aeropuerto Internacional de El Salvador, fue recibido por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, que le gritaron “asesino”, a su salida del aeropuerto.
El segundo acusado es el general Rafael Flores Lima, quien ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor entre 1981 y 1983; en enero de este año, se presentó ante un juzgado de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, para dar testimonio sobre los hechos ocurridos en el caserío El Mozote y en donde aceptó la participación de la Fuerza Armada en dicha masacre, siendo así el primer militar en confirmar este hecho. Lima falleció el pasado mes de julio.
El último acusado es el coronel Carlos Reynaldo López Nuila, exdirector de la Policía Nacional, quien luego de retirarse del Ejército, se dedicó a otros rubros como la educación superior y quien siempre se ha negado a hablar sobre los hechos ocurridos durante el tiempo que estuvo en la Policía Nacional en la época del conflicto armado.
El caso de la familia Guzmán Orellana se suma a los bloqueos de las inspecciones de los archivos militares por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, atribuido al Alto Mando de la Fuerza Armada.