En los departamentos de San Salvador y La Paz se registran el mayor porcentaje de casos de ejecuciones extrajudiciales, según en el Informe Especial sobre Ejecuciones extralegales atribuido a la PNC de El Salvador, período 2014-2019, presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
De acuerdo al informe, el departamento de La Paz registra 25 casos, San Salvador 21, seguidos de San Vicente con 17 y La Libertad con 15 hechos de asesinatos vinculados a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que que el informe está enfocado en las víctimas y que en él, se ha seleccionado 48 casos que implica 116 personas "asesinadas brutalmente por los elementos de la PNC", en los que han participado de 12 hasta 100 agentes policiales.
El informe explica que del total de casos analizados, el 58.3% , es decir 28, fueron conocidos mediante denuncia en las sedes de la
PDDH, mientras que el 41.7%, que implica 20 casos fueron abiertos e investigados de oficio.
Asimismo, Caballero indicó que en el análisis de los casos se ha identificado actos de tortura previo a la ejecución.
"Aquí lo mas relevante de todo es el grado de impunidad en el que están los casos porque de los 48 casos, 19 se judicializaron y solo dos condenas hemos encontrado", agregó Caballero.
La procuradora señaló que el informe también cuenta con 65 recomendaciones generales y específicas que servirán como una guía a las autoridades para que se respete la Ley y los derechos humanos conforme a los estándares internacionales, en la actuación de los agentes policiales que trabajan en el combate a las pandillas y el crimen organizado.
"Es importante que el Estado a través de las entidades haga funcionar la institucionalizad para que se investiguen los hechos y que se deduzcan responsabilidades, que se judicialice y se obtengan las condenas respectivas. Yo he reiterado la importancia de la creación articulada de una política criminal integral que identifique y resuelva este tipo de problemas, es importante que las autoridades de seguridad colaboren con la Fiscalía General de la República (FGR), para la investigación de los casos", puntualizó la procuradora.